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ULBIO CARDENAS , ASAMBLEISTA ALTERNO ,LANZA OBSERVACIONES

Informa desde el Despacho de Ulbio Efren Cárdenas, Asambleísta Alterno de Morona Santiago principalizado en estos días, afirmó que el bloque de AP, que en una apurada sesión del domingo 12 de octubre, aprobó los trescientos noventa y un artículos del Código Integral Penal y agregó que este es un instrumento con el que por un lado el poder pretende brindarse ante posibles acusaciones posteriores, mientras por otro lado, se profundizar las restricciones a la libertad de expresión y la criminalización de la lucha social.

Analizando los delitos de genocidio y etnocidio constantes en los artículos 81 y 82 del COIP, Cárdenas señaló que a última hora la Comisión de Justicia introdujo como elementos esenciales de esos tipos penales la intención, sistematización y generalización de actos de exterminio; y, relacionando con los pueblos que se encuentran en el Yasuní, dijo que en caso de darse una posible extinción de esos pueblos, las autoridades que emprendieran la explotación petrolera en ese sector y que podría generar esa desaparición, evitarán potenciales juicios por etnocidio, argumentando que sus actos no fueron con la intención manifiesta de extinguirlos; quedando en el vacío el etnocidio del que algunos entendidos han hablado. ¿Curándose en sano? Se preguntó.

Sostiene ademas; que los artículos 305 y 316 que tipifican el pánico económico y financiero, restringen el derecho a la libre expresión, porque nadie podrá referirse a ese tipo de problemas, so pena de la posibilidad de enfrentar penas de prisión entre siete y diez años en el primero caso y entre cinco a siete años en el segundo. El artículo 267 tipifica como delito la revelación de la identidad de agente encubierto y del informante; lo cual estando bien en los casos de narco-tráfico, coyoterismo, lavado de dinero, etc.; sin embargo su utilización como medio de seguimiento y espionaje a líderes y organizaciones sociales no se justifica por cuanto estos sectores están amparados por la Constitución.

De aprobarse esta norma penal, las organizaciones sociales quedarán inermes ante el accionar de agentes que se infiltran en sus filas. Al entrar en vigencia el COIP, la persona que rebele la identidad de esos agentes serán sancionadas con uno a tres años de prisión. Algo similar acontece con el artículo 339 que tipifica el delito de rebelión, definido como toda acción violenta que se oriente al derrocamiento del gobierno; sin describir cuáles acciones pueden ser catalogadas como violentas; dejando campo abierto para que el poder, si es su deseo, identifique a una marcha de protesta que se toma las calles de una ciudad; como una acción desestabilizadora, dando paso a las acciones penales y la consecuente privación de la libertad.

Si a estos elementos se suma la tipificación abierta del delito de terrorismo, se demuestra que la criminalización de la protesta avanza, afirmó Cárdenas Finalmente alertó a las provincias fronterizas, cuyos moradores podrían ser afectados por la aplicación del artículo 259 del COIP que penaliza con prisión de uno a tres años a quienes almacenen combustibles sin la debida autorización.

Se refirió a los habitantes de los sectores adyacentes a los ríos de la Amazonia, quienes utilizan combustible para la navegación pluvial y que actualmente adquieren libremente combustible para guardarlo para sus botes comunitarios; al igual que el caso de los madereros que tienen sus propias reservas de combustible para su actividad. Censuró que la comisión, habiendo recibido los pedidos de varios legisladores amazónicos para que se asigne un cupo mayor al señalado en el informe, en vez de acoger el pedido, haya bajado el cupo a cero.