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COIP sanciona violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. El documento fue enviado al Ejecutivo

La Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, que fue aprobado con 101 votos, a fin de que, en el plazo de 30 días, sancione favorablemente u objete, de conformidad con lo que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El proyecto contempla una serie de normas y disposiciones tendientes a sancionar las violaciones a los derechos humanos y los delitos contra el derecho internacional humanitario, para lo que tipifica y determina las penas para delitos como genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, desaparición forzada, traslado forzoso de la población, la persecución y el apartheid.

La persona que de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos será sancionado con pena privativa de la libertad de 26 a 30 años: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo; sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial; adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; traslado forzado de niñas, niños y adolescentes de un grupo a otro.

Con pena privativa de la libertad de 16 a 19 años se sancionará a la persona que de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario.

En el caso del exterminio, será sancionada con privación de la libertad de 26 a 30 años, la persona que imponga condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación de alimentos, medicinas u otros bienes considerados indispensables, encaminados a la destrucción de una población civil o una parte de ella, será sancionada con pena privativa de la libertad de 26 a 30 años.

Mientras que quien ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra, constituyendo esclavitud, será sancionado con pena privativa de la libertad de 22 a 26 años.

Igual pena se aplicará por el traslado forzoso de la población, es decir, la persona que desplace o expulse a poblaciones que están presentes legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga por objeto proteger los derechos de esas personas o grupos de personas.

En este mismo nivel se encuentra la desaparición forzada. La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento que someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Pena privativa de libertad de 26 a 30 años se aplicará a la persona que como parte de un ataque generalizado o sistemático, prive de derechos a un grupo o colectividad, fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad. La pena será del mismo orden para la persona que cometa actos violatorios de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos con la intención de mantener ese régimen, será sancionada con pena privativa de 26 a 30 años.

Igualmente, el proyecto prevé son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad; la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y desaparición forzada serán sancionadas con pena privativa de libertad de 26 a 30 años.

ASAMBLEA NACIONAL