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Resolución suspende orden de prisión contra asambleísta Jiménez

EL MERCURIO.-La CIDH otorga plazo de 15 días para que el Estado informe sobre la aplicación de las medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez y sus asesores.

1-3A-3-coles-valeQUITO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares al asambleísta Clevér Jiménez (PK) y a los activistas Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, con lo que se suspende la orden de detención que pesa en su contra desde noviembre del año pasado. Mediante comunicado con fecha 24 de marzo, suscrito por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, se notificó al Estado sobre la concesión de medidas cautelares solicitadas por los referidos ciudadanos en enero pasado, después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) les negara el recurso de casación, cuyo propósito era revertir la sentencia. La condena implicaba 18 meses de prisión para Jiménez y Villavicencio, y seis para Figueroa, a más del pago de 140 mil dólares y disculpas públicas al mandatario.

Según la CIDH, la “malicia y temeridad” calificada por la justicia a la denuncia que estos activistas interpusieron en contra del Presidente Correa por los hechos del 30 de septiembre de 2010, día de la revuelta policial y que terminó con sentencia condenatoria, constituye un mal uso del Derecho. La CIDH sustenta su decisión en el artículo 106 de la Convención Americana de Derechos Humanos que le da facultad para conceder medidas de protección “urgentes” con el fin de prevenir daños irreparables y violación a los derechos humanos de una persona o un grupo de personas. En el caso de Jiménez y los dos activistas se concede la medida cautelar, de acuerdo con la comunicación, para preservar los derechos de los sentenciados en posible riesgo. Para los comisionados, resulta desproporcionada la sanción a los activistas dado que considera al Derecho Penal el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades. Se refiere a la condena a prisión, el pago de la multa y las disculpas públicas, caso similar ocurrido con Diario El Universo en 2012 cuando el Tribunal Penal de la CNJ sentenció a sus directivos a prisión y al pago de 40 millones de dólares por injuriar al mandatario. (ANL).

“EFECTO INTIMIDATORIO”

El fallo judicial en el caso de Cléver Jiménez, a decir de la CIDH, en cuanto a la irreparabilidad (140 mil dólares que tendrán que pagar al mandatario) observa que en este tipo de asuntos, la sentencia penal tiene efecto pluriofensivo sobre múltiples derechos y otros bienes jurídicos que de ser contraria a la Convención Americana resultaría imposible reparar integralmente con posterioridad. En cuanto a la condena penal, privativa de la libertad en el presente caso, “genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión y del derecho de petición en sus dos dimensiones”. Por ello, agrega que la ejecución de la condena tendría un efecto “intimidatorio” con respecto de legisladores y periodistas que pretendan denunciar a funcionarios públicos ante las autoridades competentes.

Labor de inteligencia para detener a Cléver Jiménez

QUITO.- Inteligencia policial y difusión roja se activaron para detener al asambleísta Cléver Jiménez (PK) y al activista Carlos Figueroa, en contra de quienes la jueza nacional Lucy Blacio emitió la orden de encarcelamiento el pasado viernes luego de ser sentenciados por el delito de injurias. Así lo confirmaron el comandante de Policía, Rodrigo Suárez y el ministro del Interior, José Serrano. Ambas autoridades coincidieron en que el operativo de búsqueda se sustenta en una orden judicial, de ahí que rechazaron las advertencias de dirigentes de la Conaie y su brazo político Pachakutik de que protegerán a sus coidearios y no permitirán que sean arrestados. Esto, antes de que se conozca la resolución de la CIDH.

El fin de semana, el prefecto de Zamora, Salvador Quisphe (PK), junto a otros dirigentes indígenas, informaron que Jiménez y Figueroa se encuentra en esa jurisdicción y que no permitirán que los detengan. Incluso desafiaron a que la Policía entre a ese territorio. El presidente de la Conaie, Humberto Cholango, reafirmó ayer que el legislador “está a buen recaudo” y que en Pachakutik se analiza varias posibilidades como pedir una amnistía, indulto, o acudir a organismos internacionales.

El Ministro del Interior respondió a la advertencia señalando que en este y otros casos la Policía solo debe cumplir con el procedimiento como en cualquier persona a la que se le dicte orden de prisión o que está con boleta encarcelamiento. En este sentido reveló que se busca a los sentenciados y que se han activando alertas a la interpol para la detención. “Hay un tema medular. Nosotros no caemos en ninguna provocación, pero obviamente habrá que actuar de manera judicial”, subrayó en alusión a la advertencia de los indígenas de que no permitirán ingresar a la Policía al lugar donde se encontraría el asambleísta. El general Suárez, en tanto confirmó que en este caso se realizan labores de inteligencia a fin de ubicar a los dos sentenciados por la justicia y restó importancia a la amenaza indígena.

Yo no respondo a temas políticos, solo cumplimos con las órdenes judiciales y en este caso especifico se ha activado a los países que son parte de la Interpol para que en forma coordinada concretar la detención en caso de que el legislador y el activista hayan salido del país, explicó.