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Este domingo se cumple un año de la matanza taromenane y nada está claro

Este domingo se cumple un año de la matanza de más de 20 indígenas taromenanes en Orellana por un grupo de waoranis de la comunidad de Yarentaro, como consta en las fotografías tomadas por uno de los integrantes.

El 30 de marzo de 2013, señala el capuchino Miguel Ángel Cabodevilla en su libro Una tragedia ocultada, se desarrolló la expedición de los indígenas en la selva tras la muerte, el 5 de marzo, de dos ancianos de su comunidad, Ompure y Buganey.

La exploración devino en la matanza, que es investigada por la Fiscalía. Hasta ahora hay seis waos detenidos en Lago Agrio, aunque el Juzgado de Garantías Penales de Orellana dictó orden de prisión en contra de 15 personas.

Dos niñas taromenane, de cinco y ocho años, fueron llevadas por sus captores a Yarentaro, quienes pasaron a convivir con las familias waoranis. Las pequeñas, ahora testigos protegidos de la Fiscalía, están en situación de vulnerabilidad.

Tanto Milagros Aguirre, de la Fundación Labaka, como Eduardo Pichilingue, del Observatorio de Derechos Colectivos, aseguran que persiste la preocupación por las pequeñas debido a los hechos traumáticos que atravesaron.

La mayor fue tomada en custodia por el Estado en noviembre del año pasado (gráfico) y llevada a Bameno, después de ocho meses de convivir con sus captores. La menor permanece actualmente en la comunidad de Dicaro, con otra familia wao.

Las dos tienen buena salud y la mayor un buen estado emocional, comentó Pichilingue. Sin embargo, todavía no existe una medida definitiva sobre el futuro de las dos.

Para el exmiembro del Plan de Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia es necesario que las niñas vivan en una misma comunidad, no conflictiva, y que sean adoptadas por familias waoranis.

Además, que exista un monitoreo constante del Estado, que se garantice su protección y vida en un ambiente sin contaminación, similar al que estaban acostumbradas.

Acciones e inoperancia

El trabajo del Gobierno central fue “inconsistente”, criticó Pichilingue, por las contradicciones a lo largo del año desde que ocurrió la matanza. Primero, la intención de proteger al pueblo Waorani y a los indígenas en aislamiento y después la decisión “desacertada” de continuar con la extracción petrolera en los bloques 31 y 43 (ITT).

Además de la confusión generada en los indígenas, por un posible juicio por las leyes ordinarias, pero “sin ningún diálogo que implique la integración de una justicia intercultural”, señaló Aguirre.

Para la colaboradora de la Fundación Labaka, donde trabaja Cabodevilla, la primera respuesta del Estado fue el silencio. Y después, a los ocho meses, las acciones fueron “complejas”, debido al tratamiento del problema con un “pueblo en contacto inicial” que no ha sido “integrado completamente a la sociedad nacional”.

Si bien la Fiscalía realiza un proceso de investigación, cuyo caso ahora pasó a la Corte Constitucional, no hay lineamientos para la resolución del conflicto entre los pueblos, añadió Pichilingue.

La tensión persiste entre waos, tagaeris y taromenanes, especialmente cuando en las comunidades se escucha sobre avistamientos de los indígenas en aislamiento.

El 10 de junio de 2013 el presidente, Rafael Correa, emitió un decreto para conformar una comisión de investigación presidida por la Secretaría Nacional de Gestión Política.

Hasta el momento no hay una posición oficial del avance de la investigación, aunque están trabajando en la conformación de una franja de protección entre nacionalidades, concluyó Pichilingue. (AGO)

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