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Ambiente: con 992 conflictos el planeta es campo minado

En este informe, Ecuador ocupa el quinto lugar con 48 casos analizados.

Por: Iván Flores Poveda

Editor de Información

El Atlas de Justicia Ambiental, presentado recientemente en Bruselas, muestra los pasivos del extractivismo y las agroindustrias y la tensión social por el control del agua y la tierra. 18 países participaron en el estudio

¿Desarrollo versus naturaleza? Esta antigua confrontación está calentando al planeta, hoy más que ayer, y esto se refleja en una centena de levantamientos sociales mediante los cuales las comunidades defienden sus territorios de la avanzada del extractivismo, las fronteras agrícolas, la privatización del agua o las mareas de basura.

Esos hitos de tensión se muestran en el nuevo Atlas de Justicia Ambiental. Esta es una iniciativa del proyecto Enviromental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT), coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La experiencia reúne el trabajo de investigación de grupos ecologistas, asociaciones de derecho ambiental y universidades de 18 países.

Su obra se muestra en el ciberespacio, mediante una exhaustiva y ágil base de datos que se encuentra en el sitio www.ejatlas.org. Mapas con las zonas de confrontación socioambiental, estadísticas de los daños más frecuentes y sus responsables y una breve semblanza de las legislaciones ambientales permiten entender, país por país, por qué la gente exige consulta previa y estándares ambientales para sus estrategias de crecimiento.

El trabajo se presentó hace pocos días en Bruselas, sede el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Joan Martínez Alier, como subdirector del ICTA, coordinó el proyecto. “El Atlas –dice el catedrático a la sección de prensa de la UAB- muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”. El Atlas documenta 992 casos del mundo, agrupados en diez categorías de conflictividad: desarrollo nuclear, minería, manejo de residuos, conflictos con la tierra, combustibles fósiles, gestión del agua, infraestructura, desarrollo de empresas turísticas, pasivos industriales y luchas por la conservación de biodiversidad. La meta del EJOLT es estudiar 2000 casos hasta el próximo año.

¿Dónde se concentran los principales focos de tensión? “Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres –dice Martínez Alier-, a menudo indígenas, y sin poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud.

Las injusticias medioambientales involucran a una gran variedad de actores, incluyendo los estados y las empresas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, pero con participación creciente de los países BRICSs y otros”.

De acuerdo con el Atlas, los conflictos más recurrentes tienen relación con la minería a gran escala y con la posesión de la tierra, con 228 y 205 casos, respectivamente. Si se clasifica la conflictividad en torno a los commodities, la tierra (con 242 casos) y el agua (con 170) son los elementos en disputa.

La investigación también muestra a las empresas, públicas y privadas, con más pasivos ambientales. En este rubro, la Nigerian National Petroleum Corporation es la firma con mayores casos de tensión ambiental: 33 en total. Siete pisos más abajo aparece Chevron, con 12 casos, y en el puesto 14 se ubica la ecuatoriana Petroecuador.

Ecuador es, de hecho, en la perspectiva del Atlas, uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo. En este informe ocupa el quinto lugar (ver tablas), antecedido por Nigeria y seguido por Turquía. Este estudio del país, desarrollado por Sara Latorre, analiza 48 casos que generan tensión social y están documentados desde 1986.

La ampliación de la frontera petrolera hacia el centro-sur amazónico, las posibilidades de desarrollo minero en Íntag, la tala de bosques en Esmeraldas, el desarrollo de camaroneras que han acabado con los manglares, el caso Armadillo, las fumigaciones aéreas en los linderos con Colombia, la huella de Chevron, el proyecto minero Mirador y la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní están entre las principales amenazas.

¿Qué le queda a las comunidades en riesgo? Leah Temper, investigadora del ICTA y coordinadora del Atlas, propone un giro en que las amenazas deriven en oportunidades. “El mapa –dice la sección de prensa de la UAB- muestra tendencias preocupantes como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza.

Entre las muchas historias de destrucción ambiental y de represión política también se hallan casos de victorias en la justicia ambiental, casos donde se ganan los juicios legales, proyectos que cancelan y los bienes comunes se retornan a la comunidad. El 17% de los casos analizados se consideran victorias de justicia ambiental”.

En efecto, cada denuncia estudiada cuenta con una ficha técnica con 22 ítems y una georreferenciación de los hechos. Intensidad del conflicto, legislación a la cual se apeló, resultados para la comunidad son algunos indicadores.

En el caso ecuatoriano, de acuerdo con el Atlas, hay todavía una cuesta arriba para asegurar justicia ambiental a las comunidades. Más aún, como se lee en el estudio, cuando en el futuro próximo la economía ecuatoriana cambie del pilar petrolero por el minero.

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