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¿Un código que olvida el 54% de la gente en capacidad de laborar?

La discusión en redes sobre el proyecto laboral es intensa

¿Un documento para afianzar conquistas laborales? ¿Una camisa de fuerza para las mipymes? El debate legislativo sobre la iniciativa oficial se postergó para septiembre. En las redes, entre tanto, el contrapunto alumbra algunos bemoles del texto.

El oficialismo gusta de los símbolos y, por ello, presentó su proyecto de Código Laboral el 1 de mayo, Día del Trabajo y fecha escogida para la Convención Nacional de Alianza País. Sin embargo, pateó la discusión legislativa del texto para septiembre. Esto, sin embargo, no detiene el ejercicio de opinión en las redes sociales en torno a la iniciativa de Carlos Carrasco, ministro del sector. En la semana anterior, de hecho, el tema generó 14,5 millones de impactos en Twitter.

Los criterios se bifurcan. Entre los adherentes al correísmo, el proyecto asegura varias garantías laborales, desde la perspectiva de un mejor control desde el Estado a las relaciones entre trabajadores y empleadores. El refuerzo a las potestades de los inspectores de trabajo va en esa línea.

Este punto, sin embargo, es visto desde la otra orilla de las opiniones como un ejercicio intervencionista. No obstante, Bairon Valle, asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, es optimista. Dice que el proyecto ofrecerá agilidad en una nueva sociedad que se enfoca hacia el cambio de la matriz productiva.

Los críticos del modelo creen, más bien, que la iniciativa es un paraguas para la población que tiene alguna ocupación formal y permanente, pero poco dice del alto porcentaje de ecuatorianos en el subempleo: 54% de la población económicamente activa, según el corte del primer trimestre hecho por el INEC. “Con una legislación laboral más inflexible que la actual -escribió el asambleísta Luis Fernando Torres desde @lftorrest- no se crea empleo para quienes están fuera del circuito del Código de Trabajo”.

Este contrapunto se extenderá hasta septiembre. Entre tanto, aquí están los principales puntos de debate en redes. (IFP)

Décimos mes a mes: ¿un hecho regresivo?

La idea de entregar mensualmente los décimos tercero y cuarto es un punto de nutridos debates. Víctor Granda mira en esa propuesta un ejercicio regresivo e indica que el 80% del nuevo texto es igual a anterior. “¡Qué cinismo! Al nuevo Código Laboral se lo quiere presentar como ‘revolucionario’ cuando desconoce conquistas logradas en decadas de lucha! -escribe en @victorgrandaa-. En cuanto derechos colectivos, la mensualización de los sueldos 13 y 14 es una cantinflada!”.

En esa línea también se expresa Héctor Yépez. “¿Mensualizar décimos? -pregunta desde @hectoryepezm-. En la práctica, el empresario dirá ‘te pago tanto al mes y ahí incluyo todo’. Gana el empleador, pierde el trabajador. Y en el mejor de los casos, esa mensualización significa subir los sueldos, pero desaparecer los décimos. Díganlo de frente”.

Los beneficios del proyecto en la lógica oficial

En redes sociales, el asambleísta oficialista Bairon Valle es quien más ha informado sobre el proyecto. En sus perfiles desmenuza los pro de la iniciativa y da cuenta de las reuniones con sindicalistas del país para sumar lecturas.

Desde @BaironValleP dice, por ejemplo, que la mensualización de los décimos tercero y cuarto es provechosa para dinamizar la economía. El pago de utilidades a través de acciones de la empresa es otro puntal en una línea de construir un capitalismo popular. Valle relieva el contexto garantista del plan con la regulación del cálculo de la remuneración por horas, el establecimiento del derecho a la huelga, la creación de bonificación por finalización de contrato a plazo fijo, que las elecciones en los sindicatos sea por voto secreto, con la equiparación de las indemnizaciones de los trabajadores con las de los servidores públicos, con un mayor reconocimiento a la mujer embarazada, respaldo para las personas privadas de su libertad, incorporación de las actividades de las amas de casa, de los trabajadores voluntarios y comunitarios, de las trabajadoras sexuales y de los trabajadores informales.

El objetivo de Valle es que estos procedimientos permitan la universalización de la seguridad social de la población económicamente activa. Por ello recuerda que la Asamblea tiene dos retos para este año: el nuevo Código Laboral y el nuevo Código de Seguridad Social.

Estos procesos ameritan, entre otros puntos, capacidades ejecutivas y por ello el asambleísta defiende, por ejemplo, la figura del Trámite Ejecutivo Laboral para que los inspectores del Trabajo puedan resolver acciones mandatorias de pago, atribución en la cual actualmente es clave la participación de un servidor judicial, para ventilar, entre otras cosas, la acumulación de procesos en los Juzgados de lo Laboral.

¿Mayor intervencionismo estatal?

Juan Xavier Santos, desde @sansalvador100, dice que “el Código del Trabajo lo que menos hace es garantizar un trabajo, y peor la creación de este. La legislación laboral es un ejemplo de algo hecho con buenas intenciones con malas consecuencias. Las buenas intenciones no son suficientes”. Y concluye que “debe prevalecer la autonomía de las partes sin la interferencia del Estado”.

Aparicio Caicedo, en cambio, escribe en @AparicioCC que “en este país las leyes laborales desincentivan la contratación. Y cualquiera que tenga una empresa pequeña lo sabe”. Él cree que una normativa como la que está en discusión favorece “a empresas grandes con músculo financiero para soportar las cargas laborales”. Y propone un ejemplo: “España tiene el Código Laboral más rígido del Primer Mundo y tiene el mayor porcentaje de desempleo”.

En esa línea también se expresa el asambleísta Diego Salgado, de CREO. “El nuevo Código Laboral solo desincentiva la generación de empleo. Necesitamos todo lo contrario” Desde el ámbito oficial, en cambio, se destaca que el proyecto en discusión propone, más bien, el reconocimiento de 22 modalidades de trabajo.

La opción para los trabajadores autónomos

De acuerdo con estimaciones, alrededor de 3 millones de ecuatorianos trabajan por cuenta propia. El Proyecto de Código Laboral acoge un nuevo marco por el que esta población económicamente activa podría acogerse a las garantías laborales y de seguridad social.

Para ello se esgrime la figura de la presunción de una relación laboral, por lo cual, de aprobarse el texto presentado por el Ministerio del ramo, serían consideradas como trabajadores en relación de dependencia aquellas personas que laboren durante un horario definido, perciban una remuneración, accedan a bienes de una empresa y efectúen sus obligaciones en un esquema de subordinación a un mando.

El propio Carlos Carrasco, al explicar este articulado, pone como ejemplo las labores que desempeñan los repartidores de helado. El asambleísta oficialista Gastón Gagliardo sigue ese ejemplo y dice que el vendedor de helado tiene derecho a la jubilación y a las prestaciones de servicios de salud y de seguridad social. Byron Pacheco, asambleísta de Avanza, refuerza el sentido de este debate: establecer la universalización de la seguridad social.

Luis Fernando Torres, asambleísta, reitera al respecto que todo marco normativo inflexible puede proteger, en primera instancia, a quienes ya trabajan.

La semana anterior se iniciaron en Milagro las jornadas de socialización del proyecto. En el oficialismo se espera que, tras una síntesis de 18 iniciativas recibidas, en septiembre se pueda desarrollar el primer debate.

Un contrapunto desde la academia relieva la necesidad de dinamizar el ámbito privado

Gabriela Franco, desde su blog Econocimiento, ha hecho algunas anotaciones sobre el proyecto. Su ensayo La burocracia continúa: más conquistas laborales para menos empleo tiene decenas de menciones en redes. “Probablemente existan algunos cambios en la propuesta, pero por lo pronto, se podría decir que este borrador guarda la esencia reguladora y rígida del actual código -escribe Franco-, que refuerza el desbalance de la relación empleador-trabajador a favor de este último, pero que, paradójicamente, menoscaba la situación del trabajador en general, desincentivando la contratación y la inversión en el país”. Sobre el plan de mensualización de los décimos, la autora piensa que se busca aumentar la disponibilidad de dinero de las personas.

“La economía se está desacelerando -dice-, y es necesario seguir empujando la bicicleta a través de más consumo”.

Para Franco, la idea de pago de utilidades en acciones es un tema para discutir con mayor perspectiva. “Si, de por sí, el pago de utilidades es un acto confiscatorio -dice-, ya que carece de causa (el trabajador no invirtió en la compañía, por lo que en principio no tendría derecho a recibir utilidades), la nueva propuesta constituye un agravante, pues abre las posibilidades de generar conflictos de intereses.”.

La autora concluye que el proyecto incluye “requerimientos formales muy pesados para una economía como la nuestra, que está en la gran necesidad de desarrollarse, sobre todo en el ámbito privado”. Franco dice que el número de informales y emprendedores por necesidad sigue en aumento, como muestra de la pérdida de terreno del sector privado en la economía.

Y dice que son estos emprendedores quienes buscan formar una pequeña empresa que sirva de sustento ante la falta de ofertas de calidad. “Este marco les impedirá obtener ahorro para invertir, condicionando su crecimiento y movilidad social a través del tiempo.

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