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La diferencia entre un milímetro de tierra de minería legal e ilegal

COLOMBIA/ El cuidado del medio ambiente debe avanzar sin limitar el crecimiento de la actividad económica.
Con ocasión del Día Mundial del Medio ambiente, el sector de la minería a gran escala desea plantear una reflexión al país sobre cuál es el tipo de minería que mejor garantiza la protección de nuestra riqueza natural.88a84817-d8c2-4f24-a7bf-5b2818d12a0b

La pregunta es pertinente porque pareciera que, en nombre de la protección del medio ambiente, se condena la actividad minera en su conjunto. Lo que ha desembocado, por un lado, en la parálisisde factode la minería formal -aquella que obtiene licencias, celebra audiencias públicas y consultas previas, paga impuestos y regalías, celebra contratos de trabajo, no vincula niños, previene, mitiga, compensa y restaura sus impactos-; y por otro lado, en el estímulo de la minería ilegal -aquella que no cuenta con título minero ni licencia ambiental, que se ejecuta sin ningún grado de tecnificación, que deteriora los yacimientos, que permite el trabajo infantil, que genera empleos sin seguridad ni prestaciones sociales, y que no paga canon superficiario ni regalías-.

La minería ilegal le hace trampa al país, financia los grupos al margen de la ley, abusa de los trabajadores y devasta inmisericordemente nuestra biodiversidad. Basta con mirar el triste ejemplo del Páramo de Santurbán, hoy fuera de control, en medio de la inconformidad de las comunidades, depredado por la ilegalidad y privado de la protección y conservación que las empresas legales planeaban implementar… porque, que no quepa duda, la minería responsable no desarrolla su actividad en zonas de Páramo delimitadas técnicamente como tales.

La mejor manera de proteger el medio ambiente, en las zonas con potencial minero, es mediante la minería legal, que cuenta con la convicción, los recursos, la tecnología y el conocimiento, para aprovechar responsablemente la riqueza del subsuelo, transformarla en bienestar para las comunidades y salvaguardar los ecosistemas sensibles de nuestro país. En caso de abusos o contingencias ambientales, las autoridades legítimas tienen que actuar oportunamente y sancionar a todo aquel que desconozca la normatividad, como sucede en todo país minero con institucionalidad adecuada.

Apedrear al empresario que aprovecha lícitamente nuestros recursos naturales y callar frente a la minería ilegal es equivocarse de enemigo. Los colombianos deberíamos contundentemente acompañar el crecimiento de una minería formal, empresarial, con estándares, que genera empleo de calidad y que es vigilada, tal y como sucede en Chile, Australia y Canadá, y condenar, sin ambigüedades, la extracción ilícita de minerales que crece sin control, explota a la población en condiciones indignas y evade la justicia y el fisco. Cada milímetro de territorio que se pone entre las manos de la minería formal es un milímetro de territorio que se arrebata a la ilegalidad. El país entero debería iniciar una cruzada por la conquista legal de nuestro territorio, en nombre del desarrollo sostenible que preserva el futuro del planeta y especialmente de nuestro país.

Es importante que la opinión pública se entere que, de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 5,4 millones han sido tituladas para actividades mineras legales equivalentes al 4,7 % del territorio nacional. De ellas, 1,2 millones (1,04 %) corresponden hoy a proyectos de gran escala, de las cuales 19.896 hectáreas se encuentran activamente intervenidas, es decir, el 0,017 % del territorio nacional. De estas hectáreas intervenidas, el 26 % se encuentra hoy totalmente recuperado desde el punto de vista ambiental.

Esto evidencia que, en Colombia, sí existen compañías comprometidas con el desarrollo sostenible del país. Ejemplo de ello son: la protección, conservación y restauración (a título de compensación ambiental) de más de 4.000 hectáreas de bosque, en las zonas media y alta de la subcuenca de los ríos Tucuy y Sororia en la Serranía del Perijá; la creación, en la región de El Bagre antioqueño, de 36 humedales artificiales que suman 128 hectáreas en espejo de agua neto, o la rehabilitación de 3.100 hectáreas de tierra rehabilitadas en la Guajira que, una vez, fueron tajos o botaderos de material estéril de la actividad minera a cielo abierto y que hoy están cubiertas de una diversa cobertura de bosque seco tropical, en algunas oportunidades, en mejores condiciones que en las que estaban antes de la actividad minera.

Para la minería formal bien hecha (a cualquier escala: pequeña, mediana o grande), la gestión ambiental responsable y bajo estándares exigentes hace parte de la viabilidad del negocio. Es tan sencillo como afirmar que proyecto minero que no sea capaz de prevenir, mitigar, compensar o restaurar correctamente sus impactos no es viable desde ningún punto de vista.

El cuidado del medio ambiente debe avanzar sin limitar el crecimiento de una u otra actividad económica, sobre todo, si es legal. El país goza de suficiente potencial y de índices de pobreza tales que su crecimiento requiere del desarrollo de todos los sectores productivos que generen empleo e ingresos de manera formal y en armonía con su entorno.

Sobre la ilegalidad no hay datos concretos como tampoco sobre su afectación al medio ambiente. ¿Cuándo tendrá el país un doliente que mida el impacto de la extracción ilícita, que se indigne frente a esa realidad y que exija a la ilegalidad la reparación o compensación de la catástrofe ambiental en la que nos ha sumergido?

Fuente: El Tiempo/Claudia Jiménez