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¿Se irán por la borda 20 años de luchas por la autonomía?

fabricio villamar

DIARIO HOY 24/Junio/2014 | 00:56

Entrevista: El exconcejal Fabricio Villamar analiza la propuesta de enmienda constitucional que restaría competencias a los gobiernos locales. En su criterio, uno de los riesgos es la ralentización de recursos para ciertos territorios.

¿Qué está en juego si procede la reforma al artículo 264 de la Constitución? 

Aquí hay dos intereses en juego: la reelección del Presidente y alcanzar los votos mediante un uso proselitista de la construcción de infraestructura en los territorios. El grave problema sobre esto es que el costo más alto no está en la infraestructura, sino en el mantenimiento del sistema. Por eso, el tema no es tener la competencia, sino tener los votos que se consiguen con la ejecución de esa competencia.

En las dos últimas décadas, las dinámicas locales se han posicionado en el contexto nacional. ¿Qué se perdería si se modificara el artículo 264?

Tiempo atrás estaban planteando la promulgación de una ley de ordenamiento territorial, lo cual desde varios sectores de opinión fue visto como inconstitucional. Ahora es sencillo: van por un cambio a la Constitución. Si esto pasa mediante una enmienda, habrá un retroceso con respecto a lo que se ha intentado concretar desde la Constitución de 1998, que es dar mayores atribuciones a los gobiernos de cercanía.

¿La propuesta va a contracorriente con ese ideal?

Ahora solo estamos discutiendo los temas de salud y educación dentro de las expectativas del Ejecutivo. Pero hay algo adicional: el artículo 264 también habla sobre espacio público, deporte y cultura. Eso quiere decir que el Gobierno central podría meterse mañana en las canchas de barrio, en los equipamientos parroquiales y en cualquier cosa que considere espacio público.

¿Un parque en el barrio?

Mañana pueden meterse en La Carolina y desarrollar un nuevo modelo de parque. Y pueden meterse de cabeza en un nuevo teatro y tomar control sobre los ya existentes. Es un tema complejo, porque significaría apropiarse de las facultades para hacer y utilizar el presupuesto para aquello. Con un adicional: si antes te entregaban 100 dólares para el uso de tu competencia, siempre te podrán argumentar que, como ya no tienes esa competencia, pueden entregarte menos plata.

¿Esto condicionaría la responsabilidad de distribución de recursos a los territorios?

Exactamente.

¿Eso ocurre desde la vigencia del Cootad? En una ciudad como Quito se podría decir que tiene un alto índice de necesidades básicas satisfechas y que la asignación de recursos debe guardar relación con las necesidades insatisfechas…

Una cosa es la cobertura de infraestructura básica. Pero una ciudad tiene también necesidades culturales, deportivas, de recreación, las que, evidentemente, son diferentes en cada territorio. El problema está en la fórmula de asignación de recursos establecida en el Cootad: entregas más por necesidades insatisfechas pero en el caso de una ciudad como Quito no tienes una compensación sobre el costo de reposición de ciudad. Es una fórmula mal hecha y, adicionalmente, castiga a las ciudades de alta concentración poblacional. Esto estaría condicionando, en el largo plazo, a que las ciudades bajen su nivel de vida.

De aprobarse una reforma al 264, ¿está en ciernes, en su criterio, un proceso de contracción presupuestaria para las urbes?

Hay un retroceso en las características de desconcentración y administración de los territorios, pero sobre todo me parece que es un proceso de concentración política.

¿Esa es la única explicación o el país, en este tiempo, necesita volver a la planificación central?

Como país debimos esperar muchos años para que las obras en los territorios ya no pasen por la aprobación del Gobierno central. En función de la calidad del servicio para los habitantes, este puede ser el más grave retroceso. Los gobiernos de cercanía, como los municipios, son los que tienen mayor noción de lo que necesita la gente. Las obras, entonces, no solo que se demorarán más, sino que habrá una contracción de los recursos hacia el Estado central para luego repartirlo a los niveles de gobierno.

De concretarse esa reforma, ¿se puede retornar a los tiempos en que la distribución de recursos tenía un sustrato político?

Totalmente. Aquí van a abrir la llave a los gobiernos locales que sonrían al dueño de la chequera. Por lo tanto, lo que está pensando el Gobierno sería lo más grave que le haya podido pasar al país en términos de desarrollo local.

Pero el oficialismo defiende una optimización de los recursos, vía planificación…

La planificación debe hacerse desde los territorios, con gente que conoce su zona más de lo que conoce un funcionario desde su escritorio en Quito.

¿Cómo quedaría un municipio como el de Quito, que cuenta con una centenaria tradición de servicios educativos?

El Municipio ofrece servicios educativos desde hace 120 años, y el Gobierno central no termina de devolver los recursos sobre lo que los quiteños contribuyen. Lo mismo pasa en salud, sin que el Estado devuelva un centavo.

¿Aquí el subsidio es al revés?

En el caso de Quito, sí. Solamente el Gobierno de Rafael Correa estaría debiendo más de $120 millones por compensación de una competencia que, siendo del Estado central, la han pagado los quiteños.

En este escenario, ¿cómo encaja la propuesta oficial de eliminar la plusvalía para evitar la especulación en el precio de los bienes inmuebles?

Este tema se está abordando solo desde la perspectiva de la obra pública. Pero los actores privados también generan plusvalía. Eliminar este impuesto sería una traba al desarrollo económico. Terminarían parando uno de los pocos motores que tiene la economía. Esto cerraría la pinza sobre las competencias de los gobiernos locales y serían al menos 20 años de esfuerzos por la autonomía tirados por la borda. (IFP)