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La reelección debe ir a una Asamblea Constituyente

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Para el jurista Ramiro Ávila, casi la mitad de las propuestas de enmienda del Ejecutivo debería ser tratada por esa instancia superior. ¿La razón?
En ocho artículos subyace una restricción de garantías y derechos. ¿La consecuencia?: un Estado más fuerte y una ciudadanía más vulnerable.

¿Por qué la Constitución no duró 300 años?

A mí me parece que poco a poco la Constitución se ha ido tornando como un límite al ejercicio del poder del Estado. Y esta es una de las características de la democracia constitucional de derechos: la contención del poder. Entonces el primer límite evidente son los derechos y las garantías, que actúan, incluso, como una suerte de control ciudadano al poder del Estado. El límite temporal para el ejercicio del poder también es una garantía, por el respeto de la alternabilidad y la pluralidad. Y tú ves que están los temas sobre transgénicos, los derechos de la naturaleza, la prohibición de explotar en áreas protegidas o donde hay pueblos no contactados. El régimen de transición permitió que este Gobierno haya acumulado tanto poder

Es innegable que en la Constitución hay errores lingüísticos que deben ser enmendados. Pero ¿qué es lo esencial en esta apuesta oficial de cambiar la Constitución
No olvidemos que la Constitución ya cambió en 2011 y, en ese momento, se usó una estrategia parecida a la que se está usando actualmente: lanzar 10 propuestas distractoras y una sustancial. En 2011 tuviste a grupos sociales concentrados en las propuestas sobre los toros, los medios, los bancos, la reforma judicial… De las propuestas de reforma actuales creo que hay varias irrelevantes y, entre ellas, hay temas que pueden ser resueltos mediante interpretación normativa, como lo relacionado con la competencia de la Defensoría del Pueblo.

¿Pero qué es lo esencial en esta nueva apuesta alta del Ejecutivo?
A mí me preocupan las restricciones a las garantías. Con el inciso propuesto para el artículo 88 creo que están abriendo la puerta para una restricción de derechos mediante una regulación legal.

¿Esa propuesta, entonces, no podría canalizarse a través de una enmienda sino mediante consulta?
Ni siquiera por consulta, sino por Asamblea Constituyente, pues se trataría de una reforma profunda a la Constitución. Otro tema que me preocupa es el de las Fuerzas Armadas, porque se está desnaturalizando a una institución importantísima del Estado y a la división constitucional que hay entre este ente y la Policía.

Las dos instituciones son distintas por doctrina y por objetivo.
Claro: con las FFAA aplicas el derecho humanitario y con la Policía los DDHH. Una entidad mira enemigos, la otra trabaja con ciudadanos en la prevención del delito. Yo no puedo salir con la doctrina del enemigo a combatir la delincuencia… Por lo tanto, es un error gravísimo poner al Ejército a hacer labores de la Policía. Uno puede recordar cuando en los años 60 y 70 las FFAA hacían control ciudadano y hubo violaciones a los DDHH. Aunque en la retórica se diga que habrá más seguridad, en el fondo se está exponiendo a los grupos más vulnerables a los efectos represivos de la fuerza pública. Y lo grave es que se vea la seguridad integral como una acción de control ciudadano.

¿Qué consecuencias observa en la propuesta de reelección indefinida?
Me parece que el Ejecutivo tiene una mayor intencionalidad política en esta reforma. Yo estaba revisando la sentencia C141-10 de la Corte Constitucional colombiana que frenó un nuevo período para Álvaro Uribe, que es clave para este debate. En una sentencia de más de 150 páginas dice que esa propuesta alteraría la voluntad del constituyente en varios sentidos. Uno: la prohibición de la reelección indefinida-dice el documento- es un límite al poder y que el límite al poder es una característica de la democracia constitucional. Dos: establecer la reelección es una atentado contra la igualdad y la no discriminación, en el sentido de que las personas que están en el poder usan recursos públicos en desmedro de quienes no los tienen. Tres: el derecho de las minorías y la oposición a tener la expectativa de ser beneficiarios de la alternancia. Cuatro: las normas constitucionales deben ser de carácter general, abstracto e impersonal. En el caso colombiano, la Corte dijo que la propuesta era planteada por un ciudadano que era Presidente, por lo tanto la reforma sería una norma de carácter concreto, personal y particular.

El presidente Correa no habla taxativamente de que él irá, pero en su movimiento defienden la indispensabilidad del líder.
Esa indispensabilidad es ya un ejercicio discriminatorio dentro de las filas de Alianza País. La Corte colombiana dice, finalmente, que eliminar la prohibición de la reelección es una de las manifestaciones de ruptura grave de la Constitución. Por tanto, la conclusión fue impedir la reelección de Uribe. Cuando un grupo de poder quiere mantener la reelección está tratando de hegemonizar el poder. La voz del pueblo -se lee en la sentencia colombiana- no puede ser propiedad de un solo grupo de ciudadanos, quienes tampoco pueden sustituir la voluntad del constituyente. Por tanto, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea ni la Corte tienen voluntad constituyente. Por ende, en el caso ecuatoriano, la propuesta de reelección indefinida debe ir a una Asamblea Constituyente.

De la propuesta oficial, ¿qué es susceptible de reforma mediante enmienda, qué por consulta y qué por Constituyente?
Empecemos por el final. Mediante Asamblea Constituyente debería tratarse la restricción de garantías.

¿El inciso que se propone para el art. 88 restringe derechos o amplía el alcance de la norma?
Primeramente, ese texto dice que los ciudadanos estamos abusando de este derecho. A mí me parece que de entrada allí hay una restricción. ¿Quién decide los alcances de las acciones de protección? Los ciudadanos. Pero aquí el Estado dice que ya no quiere ser vigilado y controlado por el uso de la acción de protección.

Volvamos a la clasificación de las propuestas…
Los cambios al proceso de una consulta popular están diciendo que las personas no pueden ejercer este derecho por iniciativa ciudadana, en cualquier caso. A los territorios también se les está diciendo que solo podrá haber consulta en temas relacionados con sus competencias. En esta lógica, ya no se podría hacer una consulta por el Yasuní, dado que los recursos naturales son una competencia nacional. Con esta reforma constitucional, ni siquiera los alcaldes y exalcaldes partidarios del Gobierno podrían hacer una consulta. Otro punto: los trabajadores ahora pasan al servicio público y aquí hay una restricción a los derechos de huelga, de indemnización. La idea de asumir la comunicación como un servicio público no pone el acento en el derecho sino en la capacidad de control del Gobierno. En suma, creo que ocho enmiendas deben tramitarse por la Asamblea Constituyente.

¿En qué democracia madura una Constitución tiene que adaptarse a una ley?

Eso es insólito, cuando lo que está pasando ahora es que la Ley de Comunicación es inconstitucional. Lo obvio en una democracia constitucional es que las normas tienen que ser formal y materialmente adecuadas a la Carta Magna. Entonces sería la primera vez que se va a adecuar una Constitución en función de una ley.

¿Usted encuentra que hay una restricción de derechos al asumir la comunicación como un servicio público?
A mí me parece que sí, porque en el fondo el Estado va a establecer estándares que en el fondo afectarán a la libertad de expresión. Estoy convencido de que una ley de comunicación era necesaria, pero no un control como el que se está dando. Por eso, esta norma es sospechosa y tiene visos de con trol y de censura y a mí me parece que esto supone restricción de derechos y, por ende, un planteamiento en ese sentido debe tratarse en una Constituyente.

¿Qué sí se podría modificar vía enmienda?
La edad para ser presidente, las pensiones de la fuerza pública, el cambio de la palabra provisional por previsional en relación al IESS… Los cambios a la Contraloría son otro punto para enmienda. Pero aquí hay una preocupación porque se retira de las competencias el control de la gestión. Esto no representaría problema alguno si es que a línea seguida se dice quién hará ese control. Ese vacío supondría que se expande otra vez el poder público porque no tiene control. El artículo 264 y la propuesta de eliminación del numeral 7 merecería una reforma aprobada por referendo. La reforma, sin embargo, está planteando una mayor centralización y esto atenta contra las autonomías y el régimen de desarrollo regional. Además, el art. 260, al hablar de las competencias concurrentes, libera la controversia sobre un supuesto conflicto de competencias entre el Gobierno central y los autónomos descentralizados. Por eso, con esta reforma, creo que lo que está en juego es quién ejerce el control sobre el reparto de recursos.

De aprobarse este paquete de reformas, ¿qué nuevo Estado se dibuja y cómo quedan los ciudadanos?
Cuando se restringen garantías, proporcionalmente aumenta el poder. Cuando se puede mandar a la calles a un grupo armado a labores de seguridad en las calles, aumenta el poder del Ejecutivo. Cuando el grupo que está en el Gobierno puede perpetuarse en el poder, sin duda se fortalece el Ejecutivo. Entonces, mientras más poder tiene el Estado, más vulnerabilidad tienen los ciudadanos.

¿Una tentación totalitaria?
Todavía tienes la esperanza de que los jueces asuman la independencia judicial, de que la Corte Constitucional asuma las competencias que le dicta la Constitución. Uno que es demócrata y cree en la Constitución espera que la Corte sea un árbitro imparcial. Pero me parece que el panorama no es alentador.

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