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A Sarayaku preocupa el bloque 79

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La comunidad quichua emitió un comunicado sobre una oferta de la empresa petrolera Andes Petroleum Ecuador que afectaría a unas 6 790 hectáreas de su territorio. Este 27 de julio se cumplieron dos años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este 27 de julio se cumplieron dos años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aunque la comunidad tuvo un día de recordación especial el domingo, sus integrantes manifiestan asuntos pendientes y nuevas preocupaciones.

A través de un comunicado, Sarayaku dice que “Ecuador se resiste a cumplir con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y a desarrollar legislación para el ejercicio de ese derecho” . El documento hace referencia a información según la cual, “se estaría analizando una oferta de la empresa petrolera Andes Petroleum Ecuador referida al Bloque petrolero79, cuya concesión afectaría a unas 6,790 hectáreas de territorio de Sarayaku”. Esa información, dicen, fue difundida por la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador.

“De concretarse la adjudicación, el Estado habría reincidido en la violación de derechos humanos por la que fue condenado por la Corte IDH, pues no ha realizado ningún proceso de consulta a Sarayaku al respecto”.

Parte del fallo de la entidad internacional trata ese tema. La Corte ordenó al Estado ecuatoriano consultar al pueblo de Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, en el eventual caso que se pretendiera realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio.

Además, la Corte ordenó al Ecuador “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades”.

Sarayaku afirma que la posición del Estado es que no precisa desarrollar legislación relativa al derecho a la consulta. Para mantener esa posición, se ampara en la existencia del Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Bloques Hidrocarburíferos, aprobado por Decreto Ejecutivo 1247 del 19 de julio de 2012.

Esa posición es rebatida por Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entidad que representa a la comunidad quichua frente a la Corte. “El Decreto Ejecutivo 1247 no cumple con los estándares establecidos por la Corte IDH en la sentencia, además de ser anterior a la emisión de la misma, y no haber sido adoptado con la participación de las comunidades indígenas”.

En el mismo sentido, el abogado de Sarayaku, Mario Melo, considera que “al estar el derecho a la consulta incluido en la Constitución ecuatoriana y afectar derechos fundamentales, debe estar regulado por Ley Orgánica y no por medio de un decreto”.

La aplicación del decreto ha generado fuertes críticas del movimiento indígena del Ecuador, así como conflictos sociales con las comunidades a las cuales se les ha aplicado. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas recomendó al Ecuador el 30 de noviembre de 2012, que considere suspender la aplicación del Decreto 1247 y diseñe medidas legislativas junto con los pueblos indígenas, para regular el derecho a la consulta de acuerdo a lo ordenado por la Corte IDH en el caso Sarayaku.

“Sarayaku y sus representantes instamos al Estado ecuatoriano a tomar medidas para tramitar una ley relativa al derecho a la consulta en conjunto con los pueblos indígenas del Ecuador, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Corte IDH en la Sentencia del caso. Esta es para Sarayaku la reparación más importante, por cuanto evitaría la repetición de las violaciones cometidas no sólo contra ellos sino contra sus pueblos hermanos en el Ecuador, y constituiría un precedente importante para todos los pueblos indígenas de América”, finaliza el comunicado. (PRN)

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