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Justicia indígena en manos de Corte Constitucional

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El Pleno de la Corte Constitucional (CC) se encuentra reunido hoy para analizar la legalidad de la acusación de genocidio emitido por la Fiscalía en contra un grupo de indígenas huaorani. Ellos están implicados en la presunta matanza de un grupo de taromenanes ocurrido el 30 de marzo de 2013.

La Corte Constitucional (CC) es la responsable de dictaminar si los 17 huaoranis implicados en este caso continuarán siendo procesados por el delito de genocidio bajo la justicia ordinaria o si el caso pasa a la justicia indígena.

Para Fausto Corral, defensor público del caso, la Corte debería dejar en libertad a los detenidos y aplicar otras medidas sustitutivas para que continúe el proceso. Esto porque, según él, no hay evidencias materiales de ninguna matanza y, por ende, no hay delito. Por ello, dijo que el juzgado II de Garantías Penales de Orellana debiera otorgar el sobreseimiento a los acusados y anular el caso.

Corral considera que la Corte Constitucional no debe declinar ni a favor de la justicia ordinaria ni a favor de la justicia indígena porque las pruebas en contra de los 17 huaoranis se basan en testimonios. “Lo que hay son testimonios de los propios huaoranis pero son testimonios de autoinculpación que no podrían ser pruebas -dijo Corral- porque si no hay cadáveres (esto) queda a nivel de una fábula”.

Pese a concordar con él, Andrés Ojeda, abogado de la Nacionalidad Huaorani, no se muestra optimista frente a la resolución del organismo. Esto debido a la sentencia emitida por la misma Corte Constitucional en el caso La Cocha hace una semana. Según esa resolución, los pueblos indígenas no podrán juzgar delitos contra la vida. “Tememos nuestro caso recaiga en la justicia ordinaria como el caso La Cocha”. Según su criterio, la Corte debería conminar al tribunal sorteado a que conozca los principios de interculturalidad para que pueda interpretar lo que la comunidad entiende por los supuestos delitos de que se los acusa.

El abogado aseguró que la Fiscalía no tiene las pruebas suficientes para imputar un delito de lesa humanidad como el genocidio. “Esto no es cualquier tipo de delito y eso hay que entenderlo. Parece que el fiscal no comprende la magnitud de un delito de genocidio”. Los dos delitos, tanto el de genocidio y etnocidio, están tipificados en el artículo 57 del Código Penal. La sanción va de 16 a 25 años de reclusión mayor.

Por este delito se encuentran, al momento, detenidas cinco personas en el Centro de Detención Provisional de Orellana.Para Jorge Yeti, miembro de la comunidad Huaorani, sus compañeros no deben ser juzgados por la justicia ordinaria sino por los ancianos de su comunidad. Esto siempre y cuando se compruebe el delito. “En este caso no hay cadáveres, no hay pruebas, no hay evidencias -dijo Yeti-. La Fiscalía dice que hay, pero no hay. Solo es político”.

Si la Corte remite el caso a la justicia ordinaria, Ojeda dijo que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque es inconstitucional que los pueblos sean juzgados por la justicia ordinaria.(MCC)

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