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173 personas privadas de la libertad en Guayas y Cotopaxi han solicitado audicencia para la revisión de penas

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BOLETÍN- CONSEJO DE LA JUDICATURA/ Ciento setenta y tres personas privadas de libertad (PPL), detenidas en centros de rehabilitación social de Guayas y Cotopaxi, han solicitado las audiencias para la revisión de su pena, acogiéndose al principio del ‘In dubio pro reo’ que determina que si una norma posterior es más beneficiosa para el sentenciado será aplicada retroactivamente. Así lo indicó el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, este viernes 15 de agosto, durante un taller realizado con periodistas de varios medios de comunicación sobre la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Del total de peticiones, 103 son de PPL de la Penitenciaría del Litoral, 53 del Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y 17 del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. El titular de la Judicatura explicó que para estos casos debe aplicarse el artículo 670 del COIP, el cual establece la realización de una audiencia pública y oral, donde el juez decidirá si se acoge o no la medida.

En cuanto a la aplicación del procedimiento directo que dispone la nueva normativa, el Presidente Jalkh indicó que desde la vigencia del COIP, en Guayaquil se han registrado 69 audiencias de flagrancia, de las cuales 23 se tramitaron con el juicio directo. En Quito hubo 50 procesos flagrantes y de estos, en 12 se aplicó este procedimiento.

El Presidente Jalkh explicó que las causas que se juzgan con el procedimiento directo, son resueltas por el propio juez de Garantías Penales bajo el debido proceso. “Recordemos que estos son casos de flagrancia y el fiscal tiene suficientes argumentos para acusar y adicionalmente, 10 días para fortalecer la prueba. Antes, debían ir a un tribunal con todo el costo en tiempo y recursos”, señaló.

El Consejo de la Judicatura organizó el taller con el objetivo de aclarar las dudas que los periodistas tienen sobre varios artículos del COIP. El vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito y el director de la Escuela de la Función Judicial, Tomás Alvear, despejaron inquietudes relacionadas con el sistema de audiencias, las sanciones para quienes no acuden a las diligencias, el procedimiento directo,  la mala práctica profesional, la aplicación de la norma más beneficiosa para personas privadas de libertad, los nuevos delitos tipificados en la normativa, entre otros.