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2.945 taxistas informales de Quito piden nueva regularización

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El Municipio anunció el fin del proceso de legalización iniciado en mayo de 2011. En este primer plan 2.109 conductores obtuvieron permisos para operar.

La Secretaría de Movilidad anunció la culminación de la fase de regularización de taxis ejecutivos iniciada en 2011.

Con ello, la información acumulada durante el proceso por la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) pasará a manos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para que ejerza los controles respectivos.

Alrededor de 18.160 propietarios de unidades mostraron interés al inicio para recibir el permiso de funcionamiento en el Distrito, pero en noviembre del año pasado 2.109 fueron reconocidos como taxistas regularizados, lo que les permite ejercer legalmente su oficio.
Actualmente, existen 216 empresas regularizadas que prestan el servicio de taxi convencional. A a fines de 2013 se sumaron otras 44 de tipo ejecutivo que recibieron sus permisos de operación.

La mayoría de postulantes han optado por formar nuevas compañías de taxis, convirtiéndose en socios de las mismas.

La regularización arrancó el 25 de mayo de 2011 con la difusión de las Bases de la Convocatoria y resultó larga.
Sin embargo, 2.945 no lograron culminar con la formalización.

Pedido de un nuevo proceso

En la actualidad, estos casi 3 mil aspirantes esperan que el Municipio inicie un nuevo proceso de legalización para que se los reconozca como integrantes del gremio.

Así lo dio a conocer Antonio Calderón, presidente de la Asociación de Taxis Ejecutivos de Pichincha, quien reclamó por los operativos de control que —dijo— han iniciado en las pasadas 2 semanas agentes y funcionarios de la AMT contra sus compañeros que no cuentan con permisos.

El directivo reclamó, en especial, por los operativos nocturnos efectuados en la ciudad la noche del 5 de septiembre cuando —aseguró— se habría desatado una auténtica persecución e incluso se habrían producido agresiones físicas entre agentes y conductores.
Producto de ello, según Calderón, hasta el momento existirían “unas 300 unidades ejecutivas no regularizadas detenidas y sus propietarios están sin trabajo”.

El directivo aseguró que él y sus compañeros únicamente apelan al derecho al trabajo establecido en la Constitución.
Añadió que existen casos en los que la legalización no ocurrio por razones aparentemente incomprensibles.

Uno de estos casos sería el de Rodrigo Quinatoa, quien aseguró que trabaja como taxista desde 2008, pero cuya solicitud no habría sido aceptada por no poder comprobar que residía en Quito antes de 2009; esto porque su domicilio electoral era diferente antes de ese año.
O el caso de Aníbal Portilla, un hombre que conduce un automóvil adaptado tras haber perdido sus extremidades inferiores en 2005 en un accidente de tránsito.

Portilla afirma que no dieron paso a su petición de ser legalizado por no haber podido demostrar que ejerce el taxismo desde 2008, pues no existe registro de alguna contravención cometida por él.
El grupo de conductores anunció que elevará su queja ante el Tribunal Constitucional y que no descarta realizar acciones de hecho si sus peticiones de ser regularizados sno son atendidas.

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