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‘Ataque o resistencia’, delito por el que se juzgará a los manifestantes

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Los adultos que habrían participado en las violentas manifestaciones en los alrededores de los colegios Montúfar y Mejía, así como en el Centro Histórico, serán juzgados por el delito de “ataque o resistencia”, tipificado en el artículo 283 del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este señala: “La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

Los incidentes se produjeron en el marco de las movilizaciones convocadas, el pasado miércoles, por las centrales sindicales y el oficialismo.

Los manifestantes, detenidos desde la tarde y noche del miércoles en la Unidad de Flagrancia, sumaron 52. Para efectuar las audiencias de formulación de cargos, la tarde de ayer, la Fiscalía los dividió en tres grupos, ya que la Policía presentó igual número de partes.

Al cierre de la edición se efectuó la primera, que involucraba a 34 personas que supuestamente estuvieron en los desmanes del colegio Montúfar.

De ellos, 3 fueron absueltos y puestos en libertad; los otros 31 también fueron liberados, pero deben presentarse periódicamente ante el juez y tienen prohibido salir del país.

Las otras dos diligencias para 18 personas (9 de los desmanes en el Centro Histórico y 9 de los del colegio Mejía) estaban previstas para la noche.

Mientras que los 47 estudiantes menores de edad detenidos durante las protestas fueron entregados a sus padres luego de firmar un acuerdo, elaborado por el Ministerio del Interior, para no volver a alterar el orden público. Esto ocurrió en la madrugada del jueves.

Durante la mañana de ayer, familiares y amigos de los jóvenes se concentraron, con pancartas, en los alrededores de la Unidad de Flagrancia para defender su inocencia.

Según el parte policial, ellos fueron detenidos por alterar el orden público, cerrar las vías, provocar daños públicos y privados y lesionar a policías.

A través de su cuenta en Twitter, el presidente Rafael Correa, afirmó: “Se sancionarán estos actos no solamente vandálicos, sino delincuenciales, así pretendan, como siempre, manipular la verdad”.

Según Correa, lo que ocurrió en el Montúfar “fue totalmente reprochable” y responsabilidad de “infiltrados de los tirapiedras de siempre, y de ciertos padres de familia del MPD (Movimiento Popular Democrático)”.

Además, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, anunció que 30 alumnos deambos colegios serán separados por participar en los actos de violencia, pero aclaró que serán reubicados en otros establecimientos pues se garantizará su derecho a la educación.

Mientras, el ministro del Interior, José Serrano, responsabilizó de los incidentes al MPD y a la FESE. En entrevistas con medios públicos, anunció que interpondría denuncias penales en su contra.

Serrano aseguró que varios integrantes de esos grupos se infiltraron en los centros educativos vistiendo sus uniformes para armar el caos; añadió que los identificarán con los videos y grabaciones disponibles.

El presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), Mauricio Chiluisa, quien estuvo en la Unidad de Flagrancia, indicó que las detenciones de los jóvenes fueron injustas.

“Denunciamos que la Policía Nacional y los ministerios del Interior y de Educación reprimieron a los jóvenes que respaldaron a los obreros”, dijo al señalar que las protestas continuarán pese a las sanciones.Policías

Heridos
Según el ministro del Interior, José Serrano, 17 policías fueron heridos durante la protesta; 2 de ellos, que sufrieron el impacto de adoquines supuestamente lanzados por los manifestantes, están graves.

Actuación
El ministro dijo que la Policía no fue represiva y que no se usaron bombas lacrimógenas para controlar las protestas.

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