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Asamblea realiza debate sobre fondos complementarios

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Con 114 legisladores presentes, se instaló en la Asamblea la continuación del segundo debate del proyecto de reformas a las leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados.

Betty Carrillo, presidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, sostuvo que se socializó la normativa con 49 de 54 fondos, que según la Superintendencia de Bancos y Seguros, reciben fondos públicos. Precisó que los representantes de los restantes 6 fondos fueron invitados, pero no asistieron.

“El origen de los fondos tiene la creencia que lo público era ineficiente, que debíamos huir de lo público”, dijo Carrillo.

La legisladora manifestó que se realizaron cambios en la norma con base a los principios de legalidad y legitimidad. “Cómo podemos decir que no hay respeto a la asociación, si ahora se establece la posibilidad de que sean los partícipes quiénes determinen si quieren o no pasar al BIESS”.

Para ello, la legisladora dijo que se establecieron algunos requisitos como demostrar que los aportes fueron de manera voluntaria, así como que los recursos a las cuentas puedan ser restituidas a los participantes y reintegrar los fondos con los intereses respectivos.

Carrillo manifestó que 7.163 personas denunciaron que entidades como el Fondo de Cesantía del Magisterio no pagaron la totalidad de los fondos de cesantía. “Ya no al chantaje, si a la honestidad”, dijo Carrillo.

Explicó que el control y transparencia de los fondos no dependará del libre albedrío de sus administradores. Indicó que la Junta de Regulación regulará los fondos y que existirá la posibilidad de que cada fondo, que mantendrá personería jurídica, tenga  veedores, quienes estarán vigilantes de la auditoría y traspaso al BIESS.

Detalló que los valores por administradores serán fijados por la Junta y se aplicará rangos proporcionales a cada fondo. “Cada fondos, de acuerdo al rendimiento y lo que tiene, tendrá la posibilidad de la administración”, acotó.

Finalmente, Carrillo señaló que recibió en la mesa legislativa a representantes de los fondos de Petrocomercial, Contraloría, rectores de colegios fiscales, Confederación de servidores públicos, así como empleados civiles de Fuerzas Armadas, entre otros.

“El reto es garantizar cuentas claras y ahorros seguros”, dijo.

Maestros están vigilantes de que se apruebe normativa

Antes de la intervención de Carrillo participaron -en comisión general- los representantes de la Red de Maestros y del Fondo de Cesantía del Magisterio (FCM), quienes permanecen en las barras altas del pleno.

Wilmer Santacruz dijo que la Red de Maestros está integrada por 4.000 docentes, quienes constataron problemas en los créditos y en las construcciones, así como altos intereses, en el FCM.

Denunció que el proyecto Sabanilla está administrado por la familia de Juan José Castelo, expresidente del FCM. “El magisterio ha dicho ya basta de tanta sinvergüencería, queremos cuentas claras”, dijo.

Santacruz afirmó que buscan que sus recursos se destinen a “una banca que garantice nuestros dineros y sean administrados por el Estado, nosotros si confiamos el BIESS”.

Dijo que el nuevo magisterio realiza un trabajo responsable en las aulas, “no manipulamos a los estudiantes para que salgan a boicotear en las calles”.

Mónica Ayala, representante del FCM, sostuvo que el proyecto de ley no se socializó con todos los fondos. Dijo que quienes integran la entidad están en contra de que sus recursos pasen a manos del BIESS. Afirmó que son fondos privados y que deberán estar en manos privadas.

José Muñoz, de la Red de Maestros, dijo que los docentes quieren que se “levante la hipoteca de nuestros sueños y aspiraciones que estaban en manos de quienes manejaron el país de corte derechista, que no reconocían al pueblo pobre”.

Muñoz señaló que el nuevo magisterio responde a un “nuevo modelo de getión, en donde se dice: si a las evaluaciones, no a las piedras (…) no a la anarquía y manipulación”.

Dijo que apoyan la iniciativa de que los fondos pasen al BIESS, “para que asegure la seguridad que necesitamos de nuestros aportes, que venimos depositando y no han sido transparentados”.

Los principales temas de la normativa

El proyecto, que contiene cuatro artículos, establece que los fondos complementarios previsionales cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el BIESS, mediante cuentas individuales. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, solvencia, eficiencia, rentabilidad y a las regulaciones y controles de los órganos competentes.

Estos fondos, que cuenten con la petición expresa de al menos la mitad más uno del total de los partícipes, podrán solicitar al órgano de control, mantener su propia administración privada, previo el cumplimiento concurrente de condiciones como: demostrar que los aportes al fondo fueron realizados de manera voluntaria; reintegrar el valor de los recursos estatales recibidos por el fondo los respectivos intereses, calculados a la tasa activa referencial determinada por el Banco Central del Ecuador para cada año.

Entre las disposiciones se determina que la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera emitirá las regulaciones que correspondan para garantizar los derechos adquiridos por los pensionistas de los fondos complementarios previsionales cerrados que manejan o manejaron la jubilación patronal establecida en el Código de Trabajo.

Se incluye una disposición transitoria para que todos los fondos complementarios previsionales cerrados, cualquiera sea su naturaleza, objeto o prestaciones otorgadas, en el plazo de 180 días, contados a partir de la vigencia de esta ley, deberán registrase en el IESS, de conformidad con las políticas y regulaciones que emita la Junta de Políticas y Regulación Monetaria y Financiera, en el ámbito de sus competencias.

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