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Gustavo Jalkh: denuncias de supuesta falta de independencia de la justicia son afirmaciones políticas 

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Como “denuncias de políticos”, calificó el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, a las versiones que presentarán, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dirigentes sociales y gremiales del país. Ellos cuestionan la supuesta falta de independencia de la justicia ecuatoriana.

El titular de la Judicatura manifestó que en caso de existir pruebas sobre una mala actuación judicial, que involucre falta de independencia de un juez, éstas deberán ser presentadas y  fundamentadas a través de los mecanismos que establecen el Estado y la Constitución ecuatoriana.

Las denuncias pueden presentarse ante el Consejo de la Judicatura, porque la falta de independencia es una omisión disciplinaria que debe ser sancionada, dijo, “si no lo hacen, simplemente es porque son posturas políticas”.

Al ser consultado sobre la actuación de un juez nacional que ordenó la detención de un testigo, pese a que la ley le faculta a enviar un informe escrito, el Presidente Jalkh recordó que el CJ es el órgano competente para conocer denuncias y tramitar expedientes, no solo sobre casos de error inexcusable, sino sobre todas las faltas disciplinarias señaladas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

En torno a las afirmaciones del Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre el presunto intento de extorsión a dos policías para reducirles la pena a cambio de involucrarle en un caso de violación de Derechos Humanos, el Dr. Jalkh, sostuvo que esta denuncia es extremadamente grave y que la Fiscalía debe investigar, porque implica la comisión de delitos, ya sea de los denunciados o de los denunciantes.

Sobre el informe de Human Rights Watch (HRW) que aduce supuesto exceso policial contra estudiantes, el Presidente de la Judicatura, señaló que los ministerios pertinentes deben explicar el trato que recibieron los detenidos en las manifestaciones del 17 y 18 de septiembre en Quito.

Sin embargo, dos temas que le competen a la justicia no pueden quedar en la impunidad: los atentados contra el bien público y contra los policías que cumplían su deber, y en caso de que haya, las infracciones cometidas por los uniformados.

Lo primero ya ha sido investigado y se han determinado responsabilidades de quienes fueron más allá de su derecho a manifestar y cometieron delitos. Lo segundo, si alguien fue más allá de su deber de controlar el orden público y atentó contra la integridad de otros, debe presentarse las denuncias a través de los canales jurídicos pertinentes, puntualizó el Presidente Gustavo Jalkh.

Boletín Consejo de la Judicatura