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Barcelona desafía a Madrid y mantiene su consulta independentista

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El gobierno de Cataluña desafió abiertamente al Estado español y rechazó paralizar la consulta independentista simbólica del 9 de noviembre en la región del noreste de España después de que el Tribunal Constitucional (TC) del país la suspendiera este martes cautelarmente.

“Todo está a punto para el 9 de noviembre y el gobierno de la Generalitat (gobierno catalán) mantiene el proceso participativo”, aseguró en Barcelona el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, poco después de que el Constitucional anunciara en Madrid su decisión, tomada por unanimidad de todos sus magistrados.

El jefe del gobierno regional de Cataluña, Artur Mas, sustituyó con esa consulta no oficial el referéndum que había convocado inicialmente después de que fuera impugando por el gobierno de Mariano Rajoy y suspendido por el TC.

Con ella pretende medir el sentimiento independentista en la región de 7,5 millones de habitantes preguntando a los ciudadanos si quieren que Cataluña sea un Estado y, en caso afirmativo, si quieren que sea independiente, las mismas preguntas del referéndum inicial.

Al no ser una consulta oficial, carece de censo previo y los votantes deben inscribirse. Quienes está previsto que supervisen la votación son voluntarios.

Pese al desafío, el gobierno de Rajoy está convencido de que el domingo no se celebrará la consulta, según dijeron fuentes gubernamentales a medios españoles.

La cuestión es ahora qué hará Rajoy si Mas saca las urnas el domingo.

Mas “puede optar entre la desobediencia y actuar de manera legal y acatar al TC”, manifestó la líder del Partido Popular (PP) de Rajoy en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. “Le pedimos como partido de gobierno que no lleve a todos los catalanes a un enfrentamiento, a un choque de trenes, y que actúe de manera legal”.

También los socialistas catalanes y el partido Ciutadans instaron al jefe del gobierno catalán a acatar la legalidad.

El Tribunal Constitucional admitió hoy a trámite el recurso que la semana pasada presentó el gobierno español contra la consulta alternativa. Al hacerlo, quedó automáticamente suspendida durante cinco meses, el plazo que tiene la corte para dictar sentencia, tal y como ocurrió ya en su día con el referéndum.

Más allá de mantener la cita simbólica con las urnas, el gobierno catalán anunció una demanda contra el gobierno de Rajoy en el Tribunal Supremo por vulneración de los derechos fundamentales.

El Ejecutivo de Mas sostiene que no se puede suspender la nueva consulta porque es un proceso distinto al referéndum suspendido, aunque su finalidad es la misma y las preguntas y la fecha elegida, también.

“No se puede prohibir lo que no se hace”, dijo hoy el portavoz del gobierno catalán.

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