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La política pública indígena con el pensamiento de sus ancestros

© Ana Lucía Ducuara.
Pueblo Jew, departamento del Meta.

ViILLAVICENCIO, Colombia, 22 de agosto de 2014 (ACNUR) – Sikuani, Piapoco, Saliba, Misak, Nasa, Achagua, Kubeo, Wanano, Tukano, Embera o Jiw, son algunos de los numerosos pueblos indígenas presentes en el departamento del Meta. Según las autoridades de los Pueblos Indígenas, el territorio metense reúne a una población de 21.158 indígenas agrupados en 30 Pueblos. Cabe resaltar que el departamento ha sido receptor de gran cantidad de población indígena desplazada del resto del país. Atendiendo a las dinámicas históricas del departamento se evidencia que los Pueblos Indígenas han sufrido fuertes procesos de desterritorialización y de afectaciones sobre sus estructuras sociales y culturales, hecho que ha debilitado el goce efectivo de derechos y libertades fundamentales.

En este sentido, con el fin de asegurar una protección a estas comunidades diversas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Gobernación del Meta han venido apoyando desde el 2011  la construcción social y participativa de la política Pública Indígena del departamento del Meta.

La construcción de la política pública buscó la participación activa de la propia comunidad. Con el fin de realizar tal labor, un equipo técnico, constituido por cinco delegados de los pueblos indígenas, el ACNUR y un funcionario de la gobernación, se desplegó a través de las trochas, montañas, selvas y ríos al encuentro de los pueblos para poder elaborar el documento. En una primera instancia, el trabajo consistió en entender el propio concepto de política pública para estas comunidades y por ende su visión del desarrollo; una visión circular y transgeneracional del desarrollo. Para los Achagua, por ejemplo, la Política Publica se expresa de la siguiente forma: “Wapensacta quininama waweerri naimi witee yu”, que se traduce como “Donde pensamos todos con el pensamiento de nuestros ancestros”.

En este sentido, la metodología utilizada  fue la de construcción social y participativa, de manera que los contenidos de la Política Pública fueron elaborados desde las comunidades para apropiarse del proceso. Se trata de un trabajo innovador y transformador en cuanto a la construcción de políticas públicas en el departamento del Meta con las comunidades. El líder indígena Duberlein Yagarí  afirma que “el proceso de construcción de la Política Pública es quizá el proceso más completo  que hayamos tenido en el departamento en materia de consulta, interlocución con instituciones y sobre todo la participación activa de dirigentes y organizaciones indígenas.” Además de contar permanentemente con la participación de las comunidades de base, se surtió un proceso formal de consulta previa de acuerdo a los principios del Convenio 169 de la OIT.

En desarrollo de esta dinámica, después de 3 años y medio de trabajo, se aprobó la ordenanza 840 de 2014 por la cual se adopta la Política Pública Indígena. Esta se construye sobre un enfoque de garantía de derechos y se cimenta sobre cuatro derechos fundamentales, interrelacionados e integrales en torno a los cuales giran los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos: Derechos al territorio, a la identidad cultural, a la autonomía y a la participación.

El proceso de la construcción social y participativa de la Política Pública Indígena ha generado una mayor visibilidad de los Pueblos Indígenas en la agenda pública del departamento logrando su inclusión en el Plan de Desarrollo 2012-2015 que fue consultado con los Pueblos. Igualmente, se creó una oficina de atención a la población indígena en la Gobernación y se instaló la Mesa Permanente de Concertación Interinstitucional de los Pueblos del Meta como espacio de diálogo y concertación entre la institucionalidad del Estado y los Pueblos Indígenas. En este proceso, ACNUR ha venido acompañando y asesorando la consolidación de dichas instancias. De acuerdo a James Aguilar, funcionario de la Secretaría Social de la Gobernación, la importancia de la Política Pública para el departamento radica en que permite “generar las condiciones y adecuación institucional para garantizar la protección integral de los pueblos indígenas del Meta, con especial atención a aquellos que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y riesgo de desaparición física y/o cultural.”

La aprobación de la Política lanza un mensaje de esperanza a las demás comunidades indígenas del territorio colombiano y poblaciones nativas de otras partes del mundo para la defensa de sus derechos inalienables. Así lo expresa Gabriel Muyuy Jacanamijoy, Director del Programa Presidencial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas cuando identifica el logro realizado “como un ejemplo para otras entidades territoriales y aún para la Nación.”

Por Juana Vargas y Pierre Coupeau en Villavicencio, Colombia.

ACNUR