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Consejo de la Judicatura rechaza politización del colegio de abogados de Pichincha

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El Consejo de la Judicatura lamenta la utilización del Ilustre Colegio de Abogados de Pichincha, para fines alejados a su objetivo institucional, que es el servicio a sus afiliadas y afiliados. Es notoria la animadversión de algunos directivos del CAP frente al proceso de transformación de la justicia, reproduciendo su sentir personal de oposición política al Gobierno Nacional.

A esa posición política se vincula la convocatoria a la Asamblea Provincial Ampliada del CAP, a realizarse el martes 18 de noviembre del presente año, en cuyo texto constan hechos tan inexactos, como el que se refiere a que existen “…aproximadamente 500 sumarios disciplinarios sólo en el año 2014 en la provincia de Pichincha…”.

La verdad es que el total de sumarios, a finales de ese mismo mes era de 209 expedientes, tal como directamente le hicimos conocer al Presidente del CAP, con fecha 28 de octubre del 2014. De ese total, la gran mayoría se refieren a apelaciones por multas impuestas por jueces y juezas, no por el Consejo de la Judicatura.

No duden que el único punto del orden del día de la Asamblea: “Análisis de la grave crisis que afecta el libre ejercicio profesional y resoluciones”, pueda concluir en declaraciones estridentes que desemboquen en sumarse a la marcha de organizaciones sociales de oposición al gobierno nacional, convocada para el día de mañana.

Falacias. Errores. Descalificaciones. Una línea política que predica volver al pasado, el tiempo en el que los políticos, que fungían de dueños de la Función Judicial, vulneraban los principios más básicos de la administración de justicia. Esa era la época de los Consejos de la Judicatura ineficientes, a los que se debe gran parte de la decadencia del sistema judicial ecuatoriano. Ese era el tiempo en el que algún actual dirigente del CAP fue Director Provincial del Consejo de la Judicatura, tiempo perdido para la justicia en el Ecuador.

Somos respetuosos y democráticos. Siempre estamos abiertos al diálogo, inclusive cuando sabemos que varios de nuestros contertulios tienen agenda política de oposición a la reforma estructural que impulsamos en el sistema de justicia del Ecuador.

En múltiples oportunidades atendimos al Presidente del CAP, quien en privado  se mostraba colaborador, modificando radicalmente esa postura, cada vez que daba una declaración pública.  

Conversar es razonable y necesario. Únicamente aspiraríamos a que no usen la justicia como elemento de su discurso opositor, porque aquello afecta valores y principios que son más trascendentes que las aspiraciones personales que mantienen. La justicia es una virtud, no es un recurso político.

Los miembros del CAP confiaron en su dirigencia, para que sus aspiraciones gremiales se transformen en servicios institucionales; sin embargo, eso no sucede, por el contrario, la actual directiva ha defraudado la confianza recibida de sus colegas.

Merece mejor destino tan insigne organización gremial, cuya trayectoria está colmada de notables iniciativas que sirvieron para construir su grandeza, no para articular espacios en provecho político de algunos directivos, que lamentablemente carecen del talento de sus dignos predecesores.

Boletín Consejo de la Judicatura