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Ataque a medio revive debate sobre libertades en Asamblea

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El derecho a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo sin limitaciones fueron dos de los aspectos que se incluyeron en una resolución de condena al ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo, aprobada la semana pasada en la Asamblea.

El documento, que fue propuesto por María Augusta Calle (AP), señala que condena el atentado terrorista por constituir un acto nefasto que sienta un precedente negativo contra las libertades de expresión y pensamiento, conciencia y religión, y el derecho a la vida.

El Parlamento resolvió: “Ratificar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión sin intimidaciones ni limitaciones que restrinjan su trabajo o promuevan la censura previa, en base a amenazas o actos que atenten contra sus derechos”.

Ayer, a propósito del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP), volvió a tocar el tema.

Rivadeneira expresó que esta instancia debe condenar y exigir una investigación sobre esta tragedia, “basada en la objetividad para examinar todas las hipótesis y alejar los riesgos de fraccionamiento dentro de la sociedad, así como para evitar posibles desequilibrios, tensiones y amenazas a la paz”.

Fernando Bustamante (AP), presidente del Comité Relator del Foro, dijo que no hay ninguna razón “para haber brutalmente castigado el ejercicio de la libertad de expresión”.

“Algunos de nosotros podríamos no estar con algunos chistes, con algunas caricaturas, pero eso no quiere decir que tengamos que matar a los autores o impedir que ejerzan libremente su oficio”, agregó.

El derecho a la libertad de expresión fue debatido en el actual legislativo cuando se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (junio del 2013).

Mientras oficialistas sostienen que esta ley garantiza este derecho, en la oposición consideran que lo limita.

Luis Fernando Torres (PSC- Cambio), quien planteó una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa, señaló: “(La ley) aumenta controles desde el Estado y eso supone una restricción a la libertad del periodista, del ciudadano”.

Y dijo que la resolución aprobada fue “presentada al calor de lo que pasó en Francia”. (I)

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