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Afectados por Chevron reclaman dinero estatal

El procurador general del Estado, Diego García, dejó sin piso el pedido de la Unión de Afectados por la contaminación ambiental en la Amazonía durante la operación de la petrolera Chevron (antigua Texaco) para que el Estado ecuatoriano transfiera a sus cuentas $ 106 millones que debía pagar a la transnacional por haber perdido el litigio internacional en el caso denominado Chevron II.

Tras ser posesionado en la Asamblea para cuatro años más en ese cargo, García aclaró que el caso Chevron II sigue en discusión en los tribunales norteamericanos y, por tanto, el fallo no es ejecutable todavía.

El pasado miércoles, Pablo Fajardo, representante legal del gremio, solicitó formalmente a la Corte Provincial de Sucumbíos que les adjudicara el dinero que el Ecuador debería entregar a la petrolera, argumentando que existe una resolución en firme en ese sentido emitida por la Corte de La Haya.

Esa instancia de justicia rechazó la demanda de nulidad que planteó Ecuador para impugnar la resolución que impuso el pago de $ 96 millones más intereses ($ 106 millones en total) a la petrolera, al determinar que la justicia ecuatoriana violó normas internacionales al demorarse más de quince años en resolver ese caso.

Fajardo dijo que sí es posible que les entreguen los $ 106 millones ya que la multinacional está sometida a un proceso de embargo de sus bienes por el fallo de la Corte de Ecuador, que sentenció a la empresa a pagar $ 9.500 millones por los daños ambientales que provocaron durante sus operaciones (entre 1964 y 1992).

No obstante, García reiteró que el caso Chevron II continúa en litigio en las cortes norteamericanas, por tanto, disponer la entrega de los recursos sería reconocer la ejecutabilidad del fallo internacional.

“Hasta el momento el Ecuador discute si el laudo es ejecutable en Estados Unidos y una decisión de Ecuador que diga que el laudo es ejecutable, afectaría a la defensa que impulsa el Estado dentro de este proceso en los EE.UU.”, dijo García.

Agregó que la Procuraduría no ha recibido notificación de la Corte de Sucumbíos. “Un juez no puede ordenar el embargo de las cuentas del Estado”, reclamó.

A través de un comunicado, James Craig, portavoz de la Chevron, reaccionó al indicar que el Estado ecuatoriano no puede transferir esos recursos porque “sería otra violación a las órdenes del tribunal de arbitraje de suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio y estará desprovista de todo efecto jurídico”. (I)

70 % de sentencias a favor en patrocinos nacionales, en el 2013.

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