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Gobierno de Argentina dice que procesamiento de Boudou es una “nueva embestida judicial”

El gobierno argentino reiteró este viernes que es víctima de un ataque judicial, luego del segundo procesamiento por presunta corrupción del vicepresidente Amado Boudou.

Ayer, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” el procesamiento de Boudou en la llamada causa “Ciccone” que lo investiga por comprar el 70% de una imprenta que tenía el monopolio para la impresión de papel moneda, tras haber intervenido para evitar su quiebra cuando fue ministro de Economía en 2010.

“Hay una embestida corporativa mediática y judicial contra funcionarios del Gobierno”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina.

Consultado al respecto, Capitanich afirmó que “en Argentina la justicia no es independiente de las corporaciones” y se quejó de que “las causas de evasión fiscal están estancadas y no tocan a grupos mediáticos concentrados”.

“Cuando se pretende combatir la fuga de capitales, los jueces y fiscales se pasan la pelota a otro o se excusan”, dijo.

El miércoles, una multitud participó de una marcha convocada por seis fiscales opositores en Buenos Aires, a la que se sumaron los principales candidatos de la oposición para las presidenciales de octubre.

El gobierno denunció que se trató de una marcha opositora con fines desestabilizadores.

La marcha se organizó al cumplirse un mes de la muerte en sospechosas circunstancias de Alberto Nisman, hallado con un tiro en la cabeza cuatro días después de haber acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a iraníes por el atentado antisemita de 1994 que mató a 85 personas y dejó 300 heridos.

La denuncia involucraba además al canciller Héctor Timerman y allegados al gobierno.

“El objetivo es desestabilizador. Ni lo sueñen, no saben donde se meterían. No vayan a cometer el error de confundir y pensar que van a empujar el Gobierno. Sería un error terrible para el país”, advirtió el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández.

El fiscal Gerardo Pollicita, nombrado en el lugar de Nisman, ratificó la denuncia de su predecesor, según la cual el gobierno argentino encubrió a los iraníes a cambio de recibir petróleo, aunque el crudo de Teherán es inutilizable en las refinerías argentinas.

Al igual que lo había sido Nisman, Pollicita fue citado a presentar el lunes próximo sus argumentos ante el Congreso.

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