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[ Brasil ] Propuesta del gobierno para explotación de la biodiversidad amenaza a pueblos tradicionales

Marcela Belchior
Adital

Campesinos, pueblos indígenas y tradicionales están amenazados en su propia existencia por un Proyecto de Ley (PL) que viola derechos fundamentales de esa población, a través de la falta de acceso a sus conocimientos y a la restricción del derecho a la distribución de beneficios que se original de la explotación económica de esos saberes. La materia nº 7735/2014 (actual Proyecto de Ley Complementario nº 02/2015, que tramita en el Senado Federal), representa, para los movimientos sociales, un retroceso en la convivencia con los recursos naturales y entre comunidades locales. Otro dato grave: la propuesta es de autoría del propio gobierno federal, a través del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Sin embargo, según representantes de pueblos y comunidades, además de varios sectores de los movimientos sociales, con el supuesto objetivo de reglamentar el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales con ellos asociados –y atendiendo a los intereses de los sectores farmacéuticos, cosméticos y del agronegocio–, el proyecto expropia la biodiversidad y los conocimientos seculares de esas comunidades. Amenaza también a programas estructurantes para la seguridad y soberanía alimentarias.El proyecto versa sobre el acceso al patrimonio genético, protección y acceso al conocimiento tradicional asociado y sobre la repartición de beneficios para conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Esos recursos genéticos se encuentran en animales, vegetales o microorganismos, como en aceites, resinas y tejidos encontrados en florestas y otros ambientes naturales. Los recursos genéticos de la agrobiodiversidad se encuentran en especies agrícolas y pastoriles. Comunidades de indígenas, quilombolas, ribereños y agricultores familiares, entre otras, desarrollan y conservan, por décadas o siglos, informaciones y prácticas sobre el uso de esos recursos.

En ese sentido, la propuesta viola la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la propia Constitución Federal.

“Es increíble que, justamente, el Ministerio que debería defender al medio ambiente fue quien elaboró este PL, que no es nada más que la propia legalización de la biopiratería en Brasil”, observa Marciano Toledo da Silva, miembro de la Coordinadora Nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA). “El PL destruye la biodiversidad relacionada con la fauna y la flora, pero también amenaza a la propia diversidad de los pueblos y comunidades del país. O sea, tiene un amplio potencial para destruir a las dos mayores riquezas que Brasil tiene. Además, es inconstitucional”, agrega el activista.

Exclusión en el proceso

Los pueblos damnificados critican también el hecho de haber sido excluidos del proceso de elaboración del proyecto y reaccionan mediante la divulgación de informaciones sobre la discusión, reuniones, movilizaciones y debates en varios sectores de la sociedad brasilera. El último 27 de febrero, ellos realizaron una entrevista colectiva de prensa ante el propio Ministerio, en Brasilia, capital federal. El mismo día, se reunieron con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando entregaron un documento con su posición sobre el proyecto (ellos critican 17 puntos de la propuesta), cuya aprobación por la Cámara de Diputados, el último 10 de febrero, fue celebrada por ruralistas e industriales.

“Denunciamos el amplio favorecimiento de los sectores farmacéutico, de cosméticos y del agronegocio (principalmente de semilleros), a punto de amenazar la biodiversidad, los conocimientos tradicionales asociados y los programas estructurantes para la seguridad y la soberanía alimentarias”, se afirma en el texto entregado al MMA.

Las movilizaciones que cuestionan el proyecto cuentan con la participación de un conjunto de 80 movimientos sociales, organizaciones y redes de la sociedad civil de todo Brasil, entre ellos laArticulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), el Consejo Nacional de Seringueiros (CNS), Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) y la Articulación Nacional de Agroecología (ANA), entre otras.

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Representantes de pueblos y comunidades dan entrevista colectiva de prensa ante el Ministerio de Medio Ambiente. Foto: Alan Azevedo – Greenpeace.

El interés industrial

Tanto el patrimonio genético como los conocimientos de los pueblos tradicionales son útiles para investigaciones y productos de la industria de remedios, semillas, géneros alimenticios, cosméticos y productos de higiene. Por eso, pueden valer millones en inversiones nacionales e internacionales. Brasil es la nación con mayor biodiversidad del mundo y alberga a miles de comunidades indígenas y tradicionales, por eso es blanco histórico de acciones ilegales de biopiratería, delito que la ley debería cohibir y castigar.

Vea el Proyecto de Ley aquí.

Leadocumentode los movimientos sociales que impugna la propuesta.

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Marcela Belchior

Es periodista de Adital. Maestra en Comunicación y Semiótica en Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), investiga las relaciones culturales en América Latina.

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belchior.marcela@gmail.com