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‘Monitoreo ciudadano’ en Yasuní no convence a todos

Los trabajos de explotación petrolera en el parque Yasuní están bajo la mirada de diez “monitores ciudadanos”, que tienen el aval de la Secretaría de Gestión de la Política (SNGP).

Hace un mes visitaron esa zona de la Amazonía, y en abril prevén hacerlo otra vez.

Su conformación y posible pronunciamiento sobre lo que allá sucede genera críticas dentro del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y en el colectivo YASunidos.

La subsecretaria de Participación Ciudadana de la SNGP, Rosa Mireya Cárdenas, los define como “una forma de organización de la sociedad”, y asegura que fueron creados por pedido de los interesados, quienes querían constatar las obras en el Yasuní. Dice que hay diez “monitores”, que representan a distintos sectores, como grupos sociales y populares, a estudiantes, entre otros.

Uno de ellos es Luis Simbaña Bone, presidente de la Confederación Intercultural Campesina del Ecuador (Amaru), quien indica que la visita fue el pasado 23 de febrero.

Cuenta que recorrieron los bloques 31 y 43, cuyo petróleo será extraído por Petroamazonas. “De buena fuente pudimos verificar que se usa tecnología de punta”, afirma.

Admite que “la mayoría de monitores” se conoció esa vez, pero anuncia que la próxima semana –al mes de la visita– se reunirán todos para “dar un pronunciamiento oficial”.

David Rosero, vocal del CPC, adelanta que aquel “carecerá de independencia y de legalidad”, porque provendrá de una instancia “creada por una parte interesada” y sin competencia para ello.

Lo primero porque el Gobierno apoya la explotación de crudo en el Yasuní. Y lo segundo porque, según Rosero, la SNGP “no tiene competencia para crear iniciativas ciudadanas, sean monitores o como quieran llamarlos”.

“Lo que hace es ilegal, es inconstitucional; debieron haber solicitado al CPC la conformación de una veeduría u observatorio para dar cumplimiento a la declaratoria”, remarca.

La Declaratoria para la Explotación del Yasuní, aprobada por la Asamblea en octubre del 2013, establece que la Función Ejecutiva deberá “facilitar las condiciones para la constitución de observatorios y veedurías ciudadanas amparadas en la Ley de Participación Ciudadana”. Y que estos harán seguimiento a los trabajos en el parque, “y en general a los lineamientos de la Declaratoria”.

Cárdenas dice que se optó por los monitores porque, a diferencia de las veedurías, ejercen “una acción puntual”. Y que se los conformó de acuerdo con un reglamento de la SNGP.

La subsecretaria defiende la independencia de sus participantes e invita a otros, como YASunidos, a sumarse. “Pueden acercarse a hacer uso de su derecho, hacer la solicitud; para nosotros va a ser un gusto que ellos participen”, expresa.

Pero Pablo Piedra, uno de los voceros del colectivo, contesta así: “No nos vamos a prestar a eso; ni siquiera son veedurías, sino instrumentos de propaganda”. Y dice que YASunidos ha pedido varias veces, de manera pública, visitar la zona para constatar “el cumplimiento de parámetros ambientales”.

Esperan respuesta del Ministerio del Ambiente a la solicitud que entregaron, dice, el jueves de la semana pasada. (I)

Declaratoria
Antecedente

Decisión gubernamental
En agosto del 2013 se puso fin a un plan ecológico para preservar el crudo del parque Yasuní, al no conseguir fondos y para disminuir la pobreza en la Amazonía. Y se solicitó a la Asamblea una Declaratoria para la Explotación del Yasuní, y se dio en octubre de ese año.

Intento de consulta
Entre ese mes y abril del 2014, el colectivo YASunidos recogió firmas de apoyo para una consulta popular.

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