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Juez da plazo de 30 días a Jiménez y Villavicencio para pagar a Rafael Correa

El juez nacional Luis Enríquez definió el viernes pasado el mecanismo para la “reparación integral de la víctima”, el presidente Rafael Correa, quien acusó y ganó un juicio por injurias al exasambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y al activista Carlos Figueroa.

Y dio un plazo de 30 días para que paguen al primer mandatario una indemnización de unos $ 140.000 y se disculpen de manera pública.
En caso de no hacerlo, dijo Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, “el juez que juzgó tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.

Fernando Villavicencio ya anticipó que no tiene los recursos para este pago. ¿Qué hará para que se cumpla con la indemnización al primer mandatario?
La ley dice que el juez que juzgó tiene la obligación de ejecutar lo juzgado y eso le corresponde a la Corte Nacional. Yo pedí el jueves pasado que aclare este tema y en un auto del viernes, a las 11:00, el juez Enríquez hace una reflexión interesante sobre lo que debería entenderse como reparación integral… que no solo es indemnización, sino también la disposición de que se den disculpas públicas al primer mandatario y da 30 días para que ello se cumpla.

¿Ha recibido alguna disposición del mandatario sobre cobrar o no la indemnización?
Cuando presenté la querella en nombre del presidente no hice referencia a ninguna indemnización a pesar de que la ley me obligaba; y, para evitar malentendidos, pedimos que sean los jueces que fijen de acuerdo a su buen criterio… Ellos en derecho fijaron esa cifra (la suma del sueldo del presidente de cada uno de los meses que duró la sustanciación del proceso –agosto 2011– hasta la notificación de la resolución –abril 2013– y establecieron el método de cálculo. Más allá de que quiera o no quiera, ellos tienen la obligación de exigir a los sentenciados que cumplan con el pago de indemnización.

¿El no pago les llevaría otra vez a las cortes?
Los jueces en derecho deberán tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que se ha cumplido la sentencia.

En el caso de la disculpa pública, ¿quien juzgará que es la correcta?
Los jueces tendrán que valorar si lo hecho tiene coherencia y si guarda armonía con el objeto de su disposición. Pero aquí hay un tema que me preocupa y es la inversión en valores. Aquellos condenados por cometer delitos y objetos de sanción penal ahora aparecen en los medios en primera plana. Hablan de temas que comprometen a la seguridad del Estado y rebasan los límites. Acabo de ver que Fernando Villavicencio asegura que irá al Senado de Estados Unidos para pedir que imponga sanciones a Ecuador similares a las de Venezuela. Es un atentado a la soberanía, es una amenaza que no tiene sentido, sumamente grave, una orgía de la sinrazón.

¿Es una advertencia de que puede ser objeto de otro proceso por atentar a la seguridad del Estado?
En lo que yo digo no subyace nada de eso, es solamente mi preocupación. Yo quisiera saber como abogado, porque no estoy ejerciendo la política aquí, si la Conaie y Pachakutik están de acuerdo, me gustaría saber qué piensan los padrinos de los señores Jiménez y Villavicencio, que dicen ser de izquierda, que defienden la soberanía del país.

Pero esta opinión es política, ya no de abogado.
Lamentablemente, todo lo que yo diga pueda ser usado en mi contra… Hay medios que están ejerciendo abiertamente la defensa de los procesados.

¿En qué sentido?
En el sentido de que hacen suyos los planteamientos y no es que simplemente informan y llegan ya a una suerte de apología del delito, y eso es sumamente grave…

¿En qué medio? Sería importante decirlo.
No creo que sea momento para que yo me atreva a hacer una acusación de esa naturaleza. (I)

Para que la sentencia sea válida el juez debía hacer constar en la disposición de que se pague una indemnización económica”.
Caupolicán Ochoa, abogado

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