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Policías que indagaban faltas recibían coimas

Personal de la Inspectoría de Policía volverá a analizar los expedientes tramitados desde el año pasado en contra de uniformados, informó el general Juan Carlos Barragán.

Esta decisión se adoptó después de que se desarticuló una red de corrupción en el Consejo de Clases de la institución, que presuntamente manipulaba informes disciplinarios previo al pago de coimas para eludir posibles sanciones.

El departamento de Consejo de Clases se encarga de procesar las investigaciones iniciadas a uniformados que cometieron faltas o eran acusados de mala conducta.

Una pista llevó a una investigación y seguimiento de más de 2 meses, que permitieron a la Policía descubrir al interior de ese departamento que había un grupo de gendarmes que recibía dinero a cambio de demorar el trámite o incluso reformar los reportes.

Por este motivo fueron detenidos 4 policías en servicio activo, 2 de ellos en transitoria, que laboraban en esa unidad, quienes supuestamente recibían el dinero a cambio de “limpiar” los expedientes de manera que la posible sanción sea eliminada.

Una vez identificados los malos elementos, personal de la Dirección de Inteligencia junto a la Fiscalía  procedieron al allanamiento de las oficinas de la Dirección de Clases, en el norte de Quito, donde hallaron depósitos de los policías que buscaban beneficiarse de los procesos administrativos por estar cuestionados o investigados.

Elfiscal de la Nación, GaloChiriboga, mencionó que en el operativo se recogió documentación de uniformados que eran investigados por faltas cometidas al interior de la institución y que supuestamente ya habían pagado para que los informes salgan favorables.

Elministro del Interior, José Serrano, escribió en Twitter que “estos individuos extorsionaban y recibían coimas de policías investigados, de esta manera burlaban el control disciplinario”.

Además, confirmó que la red de corrupción en la institución fue desmantelada, pero harán una nueva evaluación de todos los informes ingresados a esa unidad para determinar si hubo manipulaciones, “iniciaremos auditoría de procesos de investigación”, indicó.

Los acusados fueron conducidos a la Unidad de Flagrancias para la formulación de cargos por el delito de cohecho, según el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a los servidores públicos que reciban o capten beneficio económico indebido para sí o por interpuesta persona “para hacer omitir, agilizar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”, lo cual está castigado con una pena de 1 a 3 años.

ElgeneralBarragán explicó que los detenidos trabajaban a nivel de secretaría y archivo de documentación, quienes supuestamente se encargaban de demorar el trámite de las posibles sanciones. “Eso está en investigación y esperamos el informe final para proceder a la desvinculación de esos elementos”.

El oficial indicó que un grupo de la Policía Judicial prosigue con las investigaciones para determinar si hay más uniformados implicados, así como la cantidad de dinero que obtuvieron indebidamente y quiénes pagaron.

Barragán mencionó que el Consejo de Clases está integrado por el Director de Personal, los coroneles más antiguos de la plaza de Quito y representantes de los suboficiales y policías.

El organismo interno se encarga de recibir toda documentación que se refiere a ascensos, califica condecoraciones, recibe solicitudes de viajes al exterior para cursos de capacitación o becas, además tramita y verifica informes disciplinarios que luego se envían a la Inspectoría para las sanciones.

Igualmente, la Inspectoría hará un seguimiento a todos los expedientes que hayan pasado por esa entidad interna.

La Inspectoría de Policía seguirá este año con el proceso de depuración que se inició en 2013 y ha permitido la baja hasta el momento de 696 elementos implicados en diferentes clases de faltas y delitos.

Este proceso será constante por lo que someterán a todos los uniformados a 4 tipos de pruebas: sicológicas, toxicológicas, análisis económicos y poligráficas.

Como resultado de la aplicación de esos análisis, el Ministerio del Interior dispuso la salida en marzo pasado de 93 miembros que fallaron las pruebas, especialmente en el análisis poligráfico, que determinó que los separados habrían cometido graves faltas, incluso algunos entregaron información a grupos delictivos y a narcotraficantes. (I)

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