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El 44% de los peruanos percibe la corrupción como el problema del desarrollo

Cerca de 124 candidatos de las últimas elecciones fueron procesados o sentenciados por el Ministerio del Interior por sus vínculos con el narcotráfico. El Congreso es visto como una entidad deshonesta.

La honestidad está desprestigiada. Esa conclusión salta a la vista una vez difundidos los resultados de la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción en el vecino país. Liderada por la ONG Proética, la búsqueda de criterios entre gran parte de la población ha terminado por sentar a la corruptela como el segundo problema fundamental que enfrenta el país, luego de la violencia y antes del consumo de drogas.

Para el 44% de los peruanos los casos de corrupción representan el problema medular que se debe enfrentar ante la necesidad de desarrollo. En 2012, el 47% pensaba de la misma manera. Los tres puntos porcentuales en que esta percepción ha disminuido, para el analista social Carlos Terry no dan visos siquiera de una reducción del problema. “Los casos de corrupción tienen una particularidad en nuestro país: no hallan vías para ser correctamente denunciados, razón por la que muchos de ellos terminan por extinguirse en la impotencia ciudadana”.

La encuesta señala que el 58% de los consultados no conoce dónde, en qué institución, denunciar un acto de deshonestidad, mientras que el 48% considera que la denuncia es una pérdida de tiempo.

La impunidad gana campo frente a estas posturas. Y ella no solo representa una vía expedita para que los actos de burla ante la ley se sigan repitiendo, sino, como atañe Carlos López, sociólogo, demuestra la debilidad institucional del Estado peruano. “Que la corrupción se dé en gran cantidad en nuestro país habla de una democracia endeble, apoyada pobremente por aparatos estatales que están tomados por las malas prácticas. Refleja todo esto una dificultad cada vez más amplia para que el individuo común y corriente pueda acceder al ejercicio de sus derechos”.

Tres instituciones han sido señaladas como las menos favorecidas por la confianza popular: El Congreso de la República es visto por el 55% de peruanos como un espacio de corrupción, le siguen la Policía Nacional a la que el 53% de la población adjudica prácticas deshonestas, las mismas que el 49% asegura posee el Poder Judicial.

“Es de particular interés pensar que el criterio que el ciudadano tiene alrededor del Congreso esté relacionado con el mismo parecer frente a los partidos políticos: la corrupción es vista como una moneda de cambio entre sus integrantes”, apunta Terry.

La elección de dignidades para ocupar poderes locales, alcaldes y regidores, desarrollada a finales del año pasado demostró que los filtros que permiten mirar los antecedentes judiciales de quienes aspiran a una dignidad tienen aún muchas fallas. Cerca de 124 candidatos fueron señalados por el Ministerio del Interior como procesados o sentenciados por sus vínculos con el narcotráfico.

Alertados por la magnitud de este problema, varios frentes con actividad política han querido curarse en salud, sugiriendo una reforma al sistema electoral para lograr que las autoridades electas tengan perfiles adecuados para el ejercicio del poder. La prohibición de candidaturas para quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, la apertura de cuentas bancarias y títulos de propiedad de todos los bienes y la revisión exhaustiva del curriculum vitae, conforman una parte de todas las modificaciones que se plantea integrar.

De acuerdo a Transparencia Internacional, en la región varios países comparten la preocupación por el elevado aumento de la corrupción. Venezuela es vista como el caso más grave y Uruguay como el menos afectado. A nivel mundial, Nueva Zelanda posee la mejor calificación en un ranking de 0 a 100 puntos, mientras que Somalia y Corea del Norte cierran la lista que incluye a 177 naciones registradas dentro de la medición.

El año pasado Perú alcanzó unos 40 puntos dentro de este ranking, lo que lo ubicó como uno de los países más corruptos en Latinoamérica. El principal problema que se detectó entonces tenía que ver con la escasa confianza que la gente tiene en su sistema judicial. De acuerdo al informe de Barómetro Mundial de la Corrupción, uno de cada cinco peruanos ha pagado coimas cuando se trata de empezar cualquier trámite que tenga que ver con la búsqueda de justicia. Ese marcador es superado solamente por el número de personas que dicen haber tenido que dar sobornos a los policías, incluso, para llegar a asentar una denuncia.

“Hablamos de una población que halla dificultad frente a los organismos que están diseñados para asistirla. La corrupción en nuestro país está tocando niveles no vistos en el pasado, convirtiéndose, de a poco, en un valor, es decir, ahora ya no es sano ser honesto, decir la verdad, ejercer el papel social para el que he sido elegido, en el caso de una institución; lo sano, lo viable, lo óptimo, es ser corrupto, saber manejar la trampa, tomar el camino fácil, esto no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con un rasgo ideológico de la sociedad en general, fortalecido por los medios de comunicación, el mercado, incluso la religión”, acota López.

Marcados por esta realidad los frentes políticos del Perú ven aparecer un criterio con el que deberán lidiar no solo en las elecciones del año entrante, sino en la conformación de sus hojas de ruta, objetivos a cumplir que no tengan que ver con el engaño. Algo que a esta altura parece un poco complicado.  (I).

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