Blog Page Title

Exlegisladores arman defensa por demanda que anuncia el Estado ecuatoriano

Una estrategia de defensa jurídica común intenta armar un grupo de exdiputados que fueron identificados por la actual Asamblea Nacional de mayoría oficialista como responsables de la destitución de jueces de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y vocales del extinto Tribunal Constitucional (TC), en el 2004.

Los cesados interpusieron demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ordenó al Estado ecuatoriano, en el 2013, pagar millonarias indemnizaciones por afectar sus derechos.

La Procuraduría General pretende entablar juicios de repetición para que los responsables de esta sanción resarzan al Estado por ese desembolso.

Algunos diputados señalados, principalmente de Sociedad Patriótica (SP) y del desaparecido Movimiento Popular Democrático (MPD), realizan, desde la semana pasada, llamadas telefónicas y reuniones informales en Quito y Guayaquil para llegar a acuerdos.

Y tienen la asesoría de los abogados Carlos Solórzano Constantine, Jorge Acosta, Jorge Sosa y Diego Delgado.

Luis Villacís, que entonces era del MPD, cuenta que en la última cita que tuvieron el pasado sábado, en Guayaquil, plantearon que el primer paso debía ser recabar información sobre tres aristas: si la Corte y el Tribunal cesados tenían legalidad, si los exfuncionarios recibieron indemnizaciones de otras Funciones del Estado y si la Procuraduría defendió adecuadamente al Estado.

“En conclusión, quienes tienen que responder no son los diputados del 2004, sino el procurador y los asambleístas que adoptaron la resolución (que los responsabiliza)…”, dice.

Luis Almeida, que fue diputado por SP, explica que, a la par, esta semana alistarán escritos para las cortes internacionales. “Tenemos un abogado en Washington que está investigando el caso y se trasladará a Costa Rica donde está la Corte Interamericana para informarle lo que está pasando”, refiere.

Gilmar Gutiérrez, su coideario, señala que en las conversaciones preliminares también se ha hablado de pedir una auditoría al trámite de los procesos de los destituidos “desde el inicio hasta el momento de la sentencia de la CorteIDH” para que el país conozca la actuación de la Procuraduría.

El abogado de los exdiputados del PRE, Luigi García, señala que estos podrían sumarse a la iniciativa. Pero indica que ya tienen esbozados ciertos argumentos: la demanda es “improcedente”, porque ellos eran dignatarios elegidos por voto popular y no funcionarios a quienes aplica la repetición.

Mientras, Vicente Taiano, que estaba en el extinto Prian, está estudiando por su cuenta el caso. Opina que los diputados actuaron según la ley. “De acuerdo con la Constitución, no se puede cobrar o repetir por haber cumplido con su obligación”, agregó. (I)

http://www.eluniverso.com/