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SIP hace más de un pedido a Rafael Correa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ‘invitó’ al presidente Rafael Correa a solicitar una opinión consultiva sobre “la compatibilidad de la Ley de Comunicación con los estándares internacionales” en materia de derechos humanos.

La petición la incluyó en la resolución específica que expidió sobre Ecuador, al término de la asamblea general que celebró hasta ayer en Charleston, Estados Unidos.

“Esa opinión consultiva es necesaria para dirimir la discusión sobre la legitimidad y compatibilidad de dicha norma con los estándares internacionales aceptados por el Estado sobre derechos humanos”, se anotó.

Se la hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica; y no es la primera vez que la SIP la sugiere.

En el 2013 ya ‘exhortó’ al régimen a que la solicitara, a propósito de que en junio de ese año se había expedido la ley.

Ayer, dirigió otros pedidos al gobierno de Correa.

Le ‘exigió’ que “garantice el debido proceso” y el “derecho a la defensa” en las acciones que se deriven de la norma, a la que calificó como “un instrumento para restringir la libertad de expresión y de prensa, y para propiciar la autocensura”.

Consideró que “las principales agresiones” están relacionadas con su aplicación y con los procesos que la Superintendencia de Comunicación, creada a través de la norma, inicia.

La SIP concluyó que el 2015 “ha devenido el año más violento para el ejercicio del periodismo (en Ecuador), pues las agresiones contra medios y periodistas superan a las registradas en años anteriores”.

Y aludió al proceso de disolución que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia abrió contra Fundamedios, y que luego archivó bajo ‘amenaza’.

En su resolución sobre Ecuador, ‘conminó’ al presidente Correa “a que su gobierno emprenda el camino de la tolerancia y garantice el derecho de asociación de los ciudadanos y que, en particular, garantice la vigencia de la personería jurídica de Fundamedios”.

El director de la ONG, César Ricaurte, agradeció el pronunciamiento y compartió el criterio de que la Ley de Comunicación debe ser ‘elevada’ a una opinión consultiva.

Recordó que varias organizaciones de la sociedad han pedido esto al régimen en varias ocasiones, pero no han recibido respuesta.

De otra parte, la SIP recogió en sus conclusiones generales que “ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende (en el continente)”.

Esto, debido a las “leyes, proyectos y presiones gubernamentales” que intentan ‘restringir’, o a los casos de violencia contra medios y periodistas que “no cesan”. (I)

11
periodistas

han sido asesinados en el periodo comprendido entre marzo y septiembre de este año, reportó la SIP.

Lo que se sabe

Venezuela
La SIP concluyó que en este país se ha consolidado “un totalitarismo comunicacional de Estado”, y que en el 2015 se han registrado 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad y limitaciones del acceso a la información. Resaltó como ‘positivo’ el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido el mes pasado, sobre la restitución de equipos y licencias a la cadena RCTV. (I)

Cuba
La organización de prensa refirió que pese al restablecimiento de las relaciones entre la isla y Estados Unidos, “hay pocos avances en las libertades de expresión, asociación y prensa, y siguen encarcelados dos periodistas”. En sus conclusiones generales, la SIP anotó que “persiste la censura” en sitios digitales críticos, la revisión de correos electrónicos, y que todavía se agrede “de manera física y verbal” a activistas y periodistas independientes, entre otros esquemas represivos. (I)

Estados Unidos
Sobre este país, la SIP reportó que el Departamento de Justicia del Gobierno reveló que en el 2014 expidió dos citaciones y una orden de registro y autorizó en dos ocasiones interrogatorios a medios de comunicación y periodistas. También señaló que dos reporteros que el año pasado cubrieron los disturbios en Ferguson (en el estado de Misuri), en medio de los cuales un joven de raza negra murió, fueron acusados por presunta “interferencia y violación a la propiedad”. (I)

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