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Investigan a policías que no alertaron de venta de droga

El barrio lucía diferente. Las casas recién pintadas, nuevos juegos infantiles en el parque cercano al malecón del Salado, bordillos blancos, media cancha de índor dibujada en la calle, un aro de básquet y moradores esperanzados en que se erradique por completo el tráfico y consumo de droga.

Se trata del sector del callejón Décima y 10 de Agosto, al que la Policía en su momento denominó la Bahía de la droga por el alto índice de compra y venta de alcaloide, y que ayer el presidente Rafael Correa renombró como el Barrio 10 sobre 10, haciendo alusión al nombre de las calles.

Correa llegó al sitio pasado el mediodía y luego de constatar ciertos cambios físicos en la zona, advirtió a los microtraficantes con meterlos presos si no abandonaban el ilícito.

“Los señores microtraficantes no me vengan con cuentos, que desempleados, que pobrecitos, no permitiremos que dañen a nuestra juventud; así que mejor dedíquense a otra cosa, al arte callejero, ebanista, albañil, búsquense un trabajo honrado, legal, si no van a ir a parar a la cárcel”, dijo Correa.

El primer mandatario aprovechó el momento también para criticar la regeneración urbana impulsada por el Municipio de Guayaquil en esa zona, e indicó que se obvió la parte de “la regeneración humana”.

La misma postura tuvo el gobernador del Guayas, Julio César Quiñónez, respecto a los reparos al modelo de gestión municipal, después de mencionar que durante la intervención integral en la zona se identificó a unos 500 consumidores de droga en los alrededores.

Quiñónez indicó que en el sector se han realizado alrededor de 93 operativos contra el microtráfico y que se desarticularon tres bandas. Pero Correa, unas horas antes, durante la inauguración del nuevo complejo judicial de Durán, dijo que esas acciones policiales no fueron tan contundentes.

Al respecto, el general Ramiro Mantilla, director nacional de Operaciones, sostuvo que la poca efectividad estaría relacionada con cierta actitud pasiva por parte de la comunidad de no denunciar el microtráfico.

“Todos aquí sabíamos, incluso nos incluimos la Policía, la Policía del sector sabía y veía como algo normal y eso no debe ser así”, sostuvo Mantilla.

El oficial dijo que hay una investigación en curso para determinar responsabilidades. “Usted sabe que las faltas y los delitos son por acción o por omisión, ellos (los policías) estaban obligados a cumplir una trabajo acá preventivo; lo llamaron como normal (el microtráfico), y la venta de droga no debe ser normal, entonces ellos debieron alertar, y por eso estamos investigando a quiénes alertaron, a quién comunicaron, para empezar a tener sanciones administrativas…”.

Daysi Y. es una joven madre que lleva varios años viviendo en la zona. Antes de la llegada del presidente al barrio, recordó que previo a la intervención policial, sus hijos de 8 y 10 años permanecían la mayor parte del tiempo encerrados en la casa. “No los dejaba salir por temor, recién ahora han podido salir a jugar en el parque, antes no se podía porque estaba lleno de consumidores”.

Daysi relató, incluso, que su hijo mayor fue inducido a la venta y al consumo de alcaloide. “Pero mi hijo me vino a contar y yo tuve hasta problemas”.

En la esquina por ahora permanece una unidad móvil de la Policía. El general Mantilla dijo que los agentes estarán ahí el tiempo que sea necesario.

Los habitantes esperan el ofrecimiento de construir una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en el sitio donde se derribaron tres casas supuestamente abandonadas. (I)

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