Blog Page Title

Mexicano herido en asesinato de Berta Cáceres está autorizado a salir de Honduras

Una jueza hondureña suspendió este jueves la prohibición de retornar a su país al mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, informaron autoridades, que añadieron se investiga a la empresa que la había amenazado.

Yarlenis Márquez, secretaria del juzgado de la ciudad de La Esperanza, donde ocurrió el crimen, dijo en una nota enviada a las autoridades de Migración que la jueza, Victoria Flores, emitió una resolución este jueves para “dejar sin valor y efecto la medida de prohibición de salir del país” al mexicano.

Cáceres, de 44 años, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en La Esperanza (oeste del país) e hirieron al mexicano que estaba en otra habitación, pero logró salir con vida porque simuló estar muerto.

Castro intentó salir del país cuatro días después pero fue retenido en el aeropuerto porque el juzgado puso una alerta migratoria al resolver que no podía salir del país por 30 días, que se cumplen el 7 de abril, mientras se hacían las investigaciones.

Las familias de Cáceres y Castro, así como la dirigencia del Copinh, y líderes de agrupaciones sociales de Honduras y de otros países, temían que las autoridades hondureñas pudieron incriminar al mexicano para salvar a los verdaderos culpables del crimen.

La fiscalía del ministerio Público dio a conocer en un comunicado que la jueza Flores emitió la resolución de dejar en libertad a Castro y añadió que “no se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación”.

Añadió que “el pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), en donde se han decomisado armas, secuestrado documentos y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación”.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, porque había denunciado que DESA junto con autoridades militares, policiales y de la fiscalía, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse, a través de manifestaciones con indígenas del Copinh, a la construcción de una represa hidroléctrica en el río Gualcarque, que cruza territorio del grupo étnico.

“De haber indicios suficientes se complementarán con prueba científica” y “en colaboración con el Copinh se están haciendo verificaciones de algunos eventos donde Cáceres recibió amenazas”, subrayó la fiscalía en su comunicado. (I)

http://www.eluniverso.com/