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El puente sobre el río Bomboiza costó $ 2.9 millones más de lo presupuestado

EL TELEGRAFO

En 2011, un accidente durante su construcción dejó 6 heridos. En 2013 fallecieron 2 obreros; no se tomaron en cuenta observaciones técnicas. Los materiales no eran los adecuados y su costo se elevó.

Dentro de las obras que fueron ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Morona Santiago, representado por el prefecto Marcelino Chumpi, se encuentra el puente sobre el río Bomboiza, en Gualaquiza.

A pesar de que uniría comunidades de San Juan Bosco y Gualaquiza, permitiría el acceso a más de 50 puntos de interés y se conectaría con cuatro vías más, la obra se vio inmersa en un sinnúmero de problemas que afectaron su entrega. Por eso el Prefecto de Morona y otros funcionarios han afrontado un proceso penal por el delito de peculado.

Con el inicio de la obra también empezaron los problemas que, incluso, dejaron víctimas La construcción del puente sobre el río Bomboiza, que mediría 130 metros de largo, fue planteada en 2010 y su suscripción se realizó el 15 de junio del mismo año (ver gráfico). Esta obra debía ser entregada en 240 días y para diciembre el valor que se estableció fue de $1’734.429,26. Una vez iniciada la obra, también empezaron los problemas.

En menos de un año, el 23 de abril de 2011, colapsó el maderamen -vigas y maderas que se empleaban para esta construcción- del puente peatonal causando heridas a seis trabajadores. Frente a esto, el Plan de Manejo Ambiental concluyó que el accidente se habría producido por la falta de señalética en la obra, encontrada en la condición ambiental 16, responsabilidad del contratista.

El 6 de septiembre de 2011 se informó que la capacidad del suelo, donde se asentarían las bases del puente, estaba sobrevalorada, es decir, no contaba con la fuerza suficiente para sostenerlo, por lo que  debían profundizarse las excavaciones para evitar colapsos. Además, en el acuerdo establecido con el contratista, este debía cumplir con el pago del Seguro Social obligatorio a todos los trabajadores, pero  para 2011, solo 8 -incluyendo los representantes legal y  técnico- de 27 fueron afiliados. En respuesta a esa observación, el contratista argumentó que el resto de personas se dirigió a la obra a solicitar trabajo y que por eso eran reconocidos como trabajadores ocasionales.       

El 21 de febrero de 2012 se produce otro accidente y fallecen dos obreros. Ocurre aquello pese a que la construcción debía estar suspendida, lo que incumplió con otro aspecto: no estaba siendo fiscalizada. Para el 26 de enero de 2013 se produjo un deslizamiento del talud de la torre izquierda, por esto se rediseñó la construcción del anclaje. Ese mismo año se establece que los materiales que se utilizaban no eran los que constaban en los estudios de suelo. Además, en 2014, las inspecciones revelan que los materiales se mantenían a la intemperie. Esto produciría una corrosión de los mismos. Un examen especial de la Contraloría y una investigación de la Fiscalía determinó peculado Según una auditoría o examen especial de la Contraloría General del Estado, se detectaron pagos con un porcentaje adicional que no tenían  justificación válida. Estas erogaciones se produjeron en 2011 y 2013, por acarreo de material pétreo; también en 2011 y 2013 por acarreo de cemento; en 2012, por desalojo y excavación; y en 2011, por la construcción de una tarabita. Al emitir una ejecución de obra con la denominación de “Convenio de Pago”, Chumpi evitó procesos y procedimientos que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Este último hecho provocó que la Contraloría recomendara la anulación de suscripción del  convenios de pago. Aquí, la Contraloría emitió el comentario de que el funcionario habría violado el artículo 83, numeral 1, de la Constitución que obliga al cumplimiento de las decisiones de las autoridades competentes. Con la justificación de “Excavación en aluvial (materiales arrastrados por corrientes de agua) a máquina” en la obra se genera un valor de $ 147.416,75 que nunca se justificó.  

El 25 de diciembre de 2015 la obra del puente concluyó, pero en julio de 2016 se llamó a juicio a 5 funcionarios, entre ellos Marcelino Chumpi, por delito de peculado en la construcción de este puente al no observar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre el rubro que constaba en el primer contrato, los convenios de pago modificados y la consultoría por concepto de fiscalización dan un total de $ 4’702.783,27, monto cubierto por el Banco del Estado y recursos propios de la entidad. Es decir, hubo una diferencia de $ 2’968.354,01 al valor presupuestado originalmente. La Fiscalía General del Estado informó, el viernes pasado, sobre  la sentencia de tres años de prisión en contra del prefecto Chumpi y otras tres personas más por el delito de peculado menor en la construcción del puente sobre el río Bomboiza.

La Fiscalía inició las investigaciones luego del informe de la Contraloría General. En octubre pasado se suspendió la audiencia de juicio por peculado contra el  prefecto, los funcionarios y el contratista de la construcción. La decisión se dio por la ausencia de un testigo clave.  Sin embargo, se fijó la comparecencia judicial e instalación de la audiencia para el 17 de noviembre pasado. Prefecto afronta otros procesos Marcelino Chumpi, quien llegó con Pachakutik a la Prefectura de Morona Santiago, también mantiene una demanda por daños ambientales y operación sin licencia en la construcción de la vía Macuma-Taisha; el cierre de Telesangay por presunta operación clandestina; e indagaciones en la compra de maquinaria, entre otros procesos. A pesar de que EL TELÉGRAFO intentó comunicarse con el prefecto Chumpi, no se pudo obtener su versión, pues vía celular quien se presentó como su asistente dijo que no podía atender entrevistas.

El funcionario tampoco ha reaccionado a la sentencia del viernes. (I) Contraloría establece un perjuicio por  $ 538.525,25 por obra con fallas En el informe del examen especial de ingeniería del puente sobre el río Bomboiza, la Contraloría General del Estado entregó  conclusiones y recomendaciones sobre la obra. El prefecto Marcelino Chumpi (fotografía) debía garantizar el buen destino de los recursos públicos. Sobre seguridad laboral y pago del IESS se indica que el director financiero (2011-2014), la contadora general (2011) y el tesorero (2011) no verificaron el certificado del contratista de no adeudar a la seguridad social y el fiscalizador externo 1, Édgar Palacios, no lo sancionó por sus incumplimientos en materia de control ambiental.

Por esto se solicitó exigir al contratista que cumpla con las disposiciones legales de protección laboral y seguridad industrial de sus trabajadores y reportar todas las situaciones de riesgo de los mismos. Sobre el material a la intemperie, se señala que el director de obras públicas (2011-2014) y el director de gestión de fiscalización (2014) no exigieron el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto al almacenamiento de materiales.

La recomendación fue que el administrador del contrato de obra disponga al fiscalizador verificar el almacenamiento para asegurar la calidad de materiales; y al fiscalizador, cerciorarse que se cumpla con las condiciones. En cuanto a pagos realizados sin fundamento, se indica que el director de obras públicas (2011-2014) por no vigilar que el fiscalizador externo 2, Luis Navarrete, actúe de acuerdo al contrato y especificaciones técnicas, permitió el pago injustificado de rubros nuevos por trabajos que no fueron realizados, ocasionando un perjuicio de $ 87.835,55.

Sobre esto, Contraloría pidió al Prefecto disponer al administrador descontar este valor por pagos sin fundamento legal. En cuanto a rubros que no corresponden al ejecutado, se establece que el director de obras públicas (2011-2014) y el director de gestión de fiscalización (2014) permitieron que en el pago de excavaciones se utilice el rubro “excavación y relleno para estructuras”, ocasionando que se pague al contratista      $ 147.416,75 adicional injustificadamente. Al administrador y fiscalizador se les pidió efectuar la liquidación económica de rubros para recuperar el valor.

También se informa que el director de obras públicas (2011-2014), Chumpi y el procurador síndico (2011-2013) suscribieron el contrato modificatorio para ampliar el plazo, ocasionando que los planes y programas se desfasen y los usuarios no dispongan de los beneficios del proyecto, lo que representó un retraso de 30 días y una multa de $ 71.733,16. La Contraloría pidió que los mencionados apliquen multas al contratista.

Y se aclara que el Prefecto, al ejecutar una obra con fallas, produjo un perjuicio por $ 538.525,25. El director de obras públicas (2011-2014) y directores de gestión de fiscalización (2011-2014) permitieron la construcción del puente con una pérdida de $ 538.525,25. (I)

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-puente-sobre-el-rio-bomboiza-costo-usd-2-9-millones-mas-de-lo-presupuestado