Audiencia diferida en el caso pases policiales

Un Tribunal de Apelación de la Corte de Justicia de Pichincha resolvió ayer diferir la audiencia de apelación en el denominado caso pases policiales, debido a que la fiscal Ruth Palacios, designada para este caso, mantenía a esa misma hora otra audiencia en la Corte Provincial de Pichincha.

La nueva diligencia fue convocada para mañana a las 09:30 en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

La audiencia debía resolver once apelaciones presentadas contra la sentencia emitida el 31 de octubre pasado: diez apelaciones hechas por parte de los acusados, en su mayoría policías, y una de la Fiscalía.

Hace cinco meses el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, mediante una resolución mixta, sentenció a 15 personas por el delito de delincuencia organizada. Autores, coautores y cómplices recibieron penas desde los 10 meses de prisión hasta los 5, 9 y 13 años de cárcel por supuestamente ser parte de una organizada red en el interior de la Policía que entregó de forma irregular 1.317 pases, entre octubre del 2014 y julio del 2015.

La fiscal de Pichincha, Tannia Moreno, quien llevó todo el proceso en el caso pases, asistió ayer a la audiencia, pero al no estar legalmente en funciones, pues gozaba de un permiso, no participó de la misma. Moreno indicó que la Fiscalía pide en este caso que el Tribunal de Apelación no baje la pena impuesta, pero tampoco la agrave.

Por el diferimiento, Julio Sarango, defensor de los policías Danny H. y Marlon M., exigió respeto a las diferentes defensas que llegaron puntualmente a la audiencia. Él espera que el Tribunal de Apelación ratifique el estado de inocencia de sus defendidos, pues asegura no hay ni una sola prueba que los vincule al delito.

Sarango rechaza que haya existido un juzgamiento con un solo testimonio. Él se refiere al del teniente Ernesto Montenegro, también fue sentenciado en este caso, pero debido a que solicitó un procedimiento abreviado y se acogió a la figura de colaboración eficaz, solo recibió ocho meses de pena.

“Han confundido la cooperación eficaz con testigos protegidos y esa es una aberración jurídica”, señaló.

Paralelamente, en los exteriores de la Corte Nacional, familiares y amigos de los sentenciados realizaron un plantón para exigir justicia. (I)

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