Blog Page Title

Esposo y cuñada de concejala de Quito son llamados a juicio por asociación ilícita

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Marco Rodríguez, llamó a juicio, la tarde del lunes 13 de marzo, a cinco de nueve investigados por el delito de asociación ilícita, al supuestamente haber participado en la oferta de tramitación de licencias de funcionamiento para centros de tolerancia en el sector de la Mariscal, al norte de la capital.

La concejala de Quito, Karen S. y tres personas más, quienes también fueron parte de la instrucción fiscal por asociación ilícita, fueron sobreseídas. Según Rodríguez, no existieron elementos suficientes que demuestren movimientos irregulares en la cuentas de estas personas.

El jueves pasado, la fiscal Ruth Palacios, durante la audiencia preparatoria de juicio, solicitó se llame a juicio a la concejala, que hasta 2015 fue parte de los registros de Alianza País, a su esposo, Omar S. y a siete personas más. Palacios acusó a la concejala y a su esposo como autores del delito.

Al existir elementos de convicción suficientes contra el esposo y la cuñada de la concejala, como la no justificación del movimiento de cuentas bancarias, estos recibieron auto de llamamiento a juicio. El primero en calidad de autor y Amanda S. como cómplice.

David H., Byron S. y José C. también fueron llamados a juicio, pues se presumen que participaron en la tramitación de Licencias Únicas de Actividad Económica (LUAE) por las que solicitaban pagos de entre $1.000 y $2.000.

La investigación en este caso inició en noviembre del 2015, luego de que Fiscalía receptara denuncias de la existencia de supuestos funcionarios que extorsionaban a dueños de centros de tolerancia para que a cambio de dinero se les entregue licencias.

La semana pasada, David Ch., único procesado en este caso que se acogió al procedimiento abreviado, fue condenado a 18 meses de prisión. La Fiscalía lo señaló como cómplice del delito de asociación ilícita, pues, según Palacios, era el encargado de recolectar los dineros ilícitos que se cobraba por la supuesta tramitación de una LUAE. (I)

http://www.eluniverso.com/