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Brasileños protestaron por más investigaciones

Miles de brasileños volvieron ayer a las calles, aunque en menor número que en otras ocasiones, para expresar su hartazgo de la corrupción y denunciar las intrigas que buscan poner a salvo de la justicia a centenares de políticos.

Las protestas se realizaron en las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. Con los lemas “Fin de la impunidad” y “Renovación política”, los participantes reclamaron el fin del foro privilegiado para ministros y legisladores y criticaron las tentativas de amnistiar las donaciones no declaradas a campañas políticas, que canalizaron millonarios desvíos de dinero público.

Los grupos que convocaron a los actos tuvieron un papel determinante en el impeachment de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff en el 2016, pero su campaña de moralización de la vida pública choca con el gobierno de su sucesor Michel Temer.

Se estima que más de cien políticos –entre ellos media docena de ministros– figuran en los pedidos de denuncias enviados este mes al Supremo Tribunal Federal por el fiscal general Rodrigo Janot, con base en confesiones de 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht.

Los manifestantes tienen divisiones entre sí, pero parecen unánimes en la defensa de la Operación Lava Jato –impulsada por el juez Sergio Moro–, que hace tres años desveló la existencia de una red de corrupción en la estatal Petrobras y ya llevó a la cárcel a decenas de peces gordos de la política y las finanzas.

“Lava Jato es nuestro patrimonio”, proclamó un orador desde un camión de sonido de la organización Vem Pra Rua (Sal a la calle) en la playa de Copacabana. “Los políticos están empavorecidos”, añadió.

“Estamos aquí para mantener viva la indignación”, dijo Adriana Balthazar, coordinadora del grupo.

Sin embargo, las movilizaciones no alcanzaron, nunca volvieron a tener la magnitud que las del impeachment. Analistas afirman que los brasileños podrían empezar a dar señales de cansancio ante los escándalos a repetición.

El último de ellos fue el de los sobornos pagados por frigoríficos a inspectores para vender carne vencida, afectando las exportaciones. El problema, que tiene una semana, ha causado pérdidas a la industria por $ 130 millones en una semana. (I)

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