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Asamblea, órgano impotente ante los poderes del chavismo

En diciembre del 2015, la oposición venezolana consiguió 112 de las 167 curules de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral confirmó la supermayoría cualificada. El chavista Partido Socialista Unido de Venezuela quedó con 55, por primera vez en 17 años en minoría.

Con esa mayoría opositora se preveía un giro en el escenario político, el nuevo Parlamento podía promover una reforma constitucional, aprobar leyes, entre ellas la de amnistía para los presos políticos, entre otras potestades.

Tras instalarse, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la oposición desincorporó a tres diputados por una impugnación presentada por el oficialismo. El máximo tribunal había declarado en desacato y nulas las acciones del Parlamento.

 

La situación dio inicio a un choque de poderes con el TSJ, en el cual el gobierno de Nicolás Maduro nombró a 13 nuevos magistrados y 22 suplentes que fueron aprobados en polémicas sesiones extraordinarias de la Asamblea, en este entonces con mayoría chavista, a pocos días de la instalación del Parlamento de mayoría opositora, que acusó al máximo tribunal de servir al Gobierno.

Bajo la figura de desacato por el TSJ, el papel de la Asamblea ha sido casi nulo y para algunos la histórica victoria de la oposición ha sido ‘inservible’.

Luego de asumir el mando legislativo, la nueva mayoría opositora aprobó la ley de amnistía a presos políticos, destituyó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por el problema de la escasez; también aprobó la destitución del ministro de Energía, Luis Motta Domínguez, por la crisis energética; en los primeros días de este año destituyó a Maduro por abandono de cargo y convocó a elecciones presidenciales… Decisiones que nunca llegaron a concretarse.

En 15 meses el TSJ ha emitido 56 sentencias para anular las leyes aprobadas y limitar las competencias del Parlamento. Un informe del propio Legislativo revela que en ese periodo ha habido 69 “ataques suscitados” en su contra, publicó elconfidencial.com.

 

“En un año se han anulado más leyes que en 200 años”, dijo al portal Prodavinci el abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo, recogió bbcmundo.com.

Las iniciativas de la oposición también han sido frenadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado por la oposición de ser cercano al oficialismo. Una ley aprobada en abril de 2016 para reactivar el proceso de referendo revocatorio contra Maduro no prosperó. Meses después, en octubre, el poder electoral paralizó el proceso, cuando falta un paso para que el órgano electoral llame al revocatorio.

En el reciente escollo, la intención del Parlamento de destituir a siete miembros del TSJ que asumió brevemente los poderes legislativos y quitó la inmunidad a los diputados tampoco tiene probabilidades de prosperar, pues dependen del Poder Moral, que lo integran la Fiscalía General, Contraloría y la Defensoría del Pueblo, también acusadas de ser cercanas al Gobierno. La Asamblea exige comicios, pero Maduro descarta un adelanto de las presidenciales fijadas para diciembre del 2018. Las de gobernadores fueron pospuestas para este año, pero no tienen fecha.

 

Ayer, en medio de nuevas protestas, la oposición pidió a los gobiernos del continente aumentar la presión para que Maduro celebre elecciones generales este año, incluso suspendiendo al país caribeño de la OEA si fuese necesario.

Salvo la Asamblea, el chavismo controla todos los poderes del Estado, publicó AFP.

Me mueve Venezuela y salvar la democracia. Ya basta de tanta tiranía y tanta miseria. Trabajo en una casa de ayuda para los pobres y siempre he visto pobres, pero jamás la miseria de ahora. La salida de los jueces es una manera de empezar a salir de esto”.

59 detenidos  se han registrados en las protestas de los tres últimos días, según un conteo del Foro Penal. (I)

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