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Servicio de Protección Pública será civil y podrá portar armas

La mayoría de Alianza PAIS (AP) en la Comisión de Relacionales Internacionales de la Asamblea aprobó ayer el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que incluye la creación del Servicio de Protección Público (SPP), cuyos integrantes serán civiles y podrán portar armamento letal. El Pleno lo tratará mañana.

Este Servicio estará dirigido a la protección del presidente y vicepresidente de la República, en funciones o electos; los candidatos calificados a la Presidencia y Vicepresidencia, las máximas autoridades de las demás funciones del Estado; “otras personas en razón de su perfil y análisis de riesgos, por la función que ostentan”, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de este Código.

En el informe para segundo debate, la Comisión señala que la creación de un Servicio de Protección Público civil especializado se sustenta principalmente en “un ahorro a largo plazo y una optimización de recursos a corto plazo”.

Y hace notar que ahora “son 1.238 servidores uniformados que cumplen funciones de protección a autoridades (…)”, cuyo entrenamiento “estaría siendo subutilizado representándole al Estado un coste no justificado de alrededor de $ 17,2 millones”, señala el documento.

El informe calcula que el tiempo estimado para la transición de funciones entre el personal de la Policía y FF.AA. que prestan servicios de protección y el nuevo Servicio demorará unos diez años.

El gasto promedio anual por capacitación, manutención y equipamiento para el personal del SPP en los tres primeros años será de unos $ 15’186.133. A partir del décimo año, el gasto se estabilizará en $ 16’461.800.

El SPP es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al ministerio rector de orden público. Forma parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Sus servidores podrán hacer uso de medios “disuasivos y coercitivos” y actuarán con el debido cuidado y precaución, “uso o manejo del armamento”, cumpliendo con la normativa de la materia, según el articulado aprobado.

En el debate de este libro, los oficialistas rechazaron las declaraciones de Diego Salgado (CREO) de que se está creando una guardia civil armada. María Augusta Calle (AP) aclaró que quienes tengan la necesidad de usar armas letales deberán contar con autorización del jefe del Comando Conjunto y sería en casos especiales, como el del Servicio de Aduanas.

Para Verónica Rodríguez (AP) no hay el sustento legal para crear un Servicio de este tipo, dijo que la Constitución es clara en el artículo 158 que la protección la dan los uniformados.

Ese texto fue excluido y luego incluido en el lapso de una semana y para que llegue al Pleno mañana, la mesa sesionó el sábado. El informe se aprobó cerca de las 14:00 y a las 15:20 la Presidencia de la Asamblea convocó al Pleno.(I)

Votación
Trámite en la comisión

Por libros
Para los libros I, II y IV fueron ocho votos a favor: siete de AP (incluida Verónica Rodríguez) y Fernando Bustamante (antes de AP) y dos en contra de Diego Salgado y Milton Gualán (PK-MPD). El libro III tuvo seis votos de AP y cuatro en contra de Salgado, Gualán, Bustamante y Rodríguez.

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